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En la primera sesión presidida por el flamante titular de la máxima instancia judicial, Eugenio Jiménez Rolón, la discusión sobre el procedimiento a seguir en casos de jueces suspendidos fue nuevamente motivo de discordia.
Por un lado, el ministro Manuel Ramírez Candia planteó la suspensión sin goce de sueldo y, por el otro, la ministra Miryam Peña defendió “a capa y espada” la suspensión de los magistrados, con el pago del 50% del salario.
Previa votación, se resolvió disponer la suspensión de la jueza de ejecución de sentencia Lourdes Scura, del juez de garantías Miguel Tadeo Fernández, así como de la fiscala Karina Escurra y el juez de paz Nery Martínez.
Scura fue enjuiciada de oficio por conceder prisión domiciliaria a Víctor Bogado Núñez y otros dos condenados por el fraude de US$ 40 millones (Bogado tiene condena de 14 años y estuvo preso 3 años) y Fernández por entregar a la Dinac avionetas utilizadas para transportar drogas, en el 2016.
En caso de Fernández, algunos jueces dijeron ayer que no se podía hacer efectiva la suspensión, porque estaba pendiente un recurso de reconsideración ante el Jurado, razón por lo cual el pedido que hizo dicho órgano aún no está firme.
A su vez, Escurra y su esposo Martínez están procesados por usura, enriquecimiento ilícito en la función pública y lavado de dinero, luego de un allanamiento realizado el viernes último en San Juan Nepomuceno, donde se encontraron G. 140 millones.
Se resolvió notificar a los afectados para que dejen de firmar resoluciones mientras se analizan los antecedentes de cada caso para definir si la medida se aplicará con o sin suspensión de goce de sueldo.
Contrataciones bajo la lupa
La contratación de 13 personas en reemplazo de otras 13 salientes, para la circunscripción del Amambay quedó en suspenso. El ministro Manuel Ramírez destacó la necesidad de ajustar los gastos y solicitó más información acerca del motivo de la “descontratación” de los salientes y si existió algún sumario, antes de resolver la aprobación.