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La sanción disciplinaria tiene que ver con el ejercicio abusivo del derecho por parte de Lezcano Flores, quien fue condenado a 4 años de prisión por la tragada de G. 1.600 millones en la Secretaría de Acción Social (SAS). Su sentencia ya quedó firme, pero para evitar ir a la penitenciaría de Tacumbú promovió varios recursos dilatorios, entre ellos una nueva acción de inconstitucionalidad contra la resolución que rechazó por inadmisible una acción que había planteado.
La Corte ya rechazó una inconstitucionalidad promovida como chicana por la exministra de la SAS Judith Andraschko, para truncar el cumplimiento de su condena de 5 años de prisión. Andraschko planteó la acción contra la resolución de la cámara que confirmó su remisión al penal de mujeres.