Corte privilegia a funcionarios, mientras usuarios padecen un servicio ineficiente

Mientras la Corte prevé US$ 45 millones para sus funcionarios en el 2018, los usuarios de justicia sufren un servicio ineficiente. A esto se suma que hace rato dos ascensores y escaleras mecánicas del Palacio de Justicia de Asunción no funcionan. Para mantenimientos y reparaciones se pidieron G. 45.000 millones para el año próximo.

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Las publicaciones con respecto al proyecto de presupuesto del Poder Judicial para el 2018, que prevé US$ 45.815.000 para aumentar el salario a los más de 10.000 funcionarios, además de otros privilegios, como incremento en el pago del subsidio familiar, antigüedad, grado académico, etc.; generaron duras críticas por parte de los usuarios.

La mayoría de los que requiere el servicio de justicia manifestó su desacuerdo con el pedido de aumento, debido al deficiente servicio que se presta.

Se dijo que además que hace meses no funcionan las escaleras mecánicas y dos ascensores del Palacio de Justicia.

En consecuencia, los abogados y sus clientes se ven obligados a usar las escaleras, para incluso subir hasta el noveno piso del edificio, en donde funcionan las secretarías de las tres salas de la Corte Suprema.

Mantenimientos

Según los datos, para el año que viene, el alto tribunal pide al Congreso G. 45.000 millones “para solventar los mantenimientos preventivos y correctivos de ascensores, reparaciones de instalaciones especiales, servicios de limpieza, aseo y fumigación, entre otros”.

Por otro lado, la gente también criticó que la Corte quiera cambiar el 30 por ciento de la flota de vehículos, para lo cual solicita la aprobación de G. 9.200 millones.

A la queja de los abogados también se sumaron las de los funcionarios y algunos jueces, por la falta de papel y tinta, entre otras cosas.

Para la compra de bienes de consumo, que incluye la adquisición de resmas de papel, papel para fax, formularios, papel químico y demás productos de las artes gráficas e impresiones, repuestos y accesorios menores, e insumos de oficinas, tales como cuadernos, biblioratos, perforadoras; adquisiciones y recarga de tintas y cartuchos, tóner para impresoras y fotocopiadoras, entre otros, además de la provisión de combustibles y lubricantes, la Corte solicitó G. 29.354 millones.

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