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Los ministros de la Corte Raúl Torres Kirmser y Alicia Pucheta de Correa, como miembros del Consejo de Superintendencia, dispusieron ayer la auditoría de gestión judicial. La revisión de la actuación del juez Sosa se hará específicamente en las causas seguidas a Julio César Aponte Fariña y Enrique Javier Marecos Aguilar.
La actuación del alto tribunal obedecería a la crítica ciudadana a la actuación de muchos magistrados, que en forma rápida y sospechosa liberan a los “motochorros”, que tienen en zozobra no solo a los pobladores de Luque, sino de otros puntos del país.
Llama la atención que los jueces no consideren los antecedentes de los procesados, sobre todo cuando estos cuentan con cuatro o cinco antecedentes penales.
El hecho genera conjeturas y hace presumir que las resoluciones favorables se dictan a cambio de coimas.
Es inadmisible que el magistrado no tenga en cuenta el peligro que los “motochorros” representan para la población en general.
Precisamente, el mismo magistrado Sosa, quien liberó en más de cinco oportunidades a ambos sospechosos con medidas alternativas a la prisión, ayer ordenó su remisión a la penitenciaría regional de Emboscada.
Otras cinco mujeres presentaron denuncias por asalto a mano armada contra Julio César Aponte Fariña y Enrique Javier Marecos Aguilar. Una de ellas fue una menor de 17 años, sorprendida en la tarde del sábado 11 de enero pasado frente a su vivienda del barrio Mora Cue de Luque.
“Uno de los malvivientes bajó de la moto y le pegó a mi hija por la cara con un revólver, luego la despojó de un teléfono celular que tenía en la mano”, relató Demetrio Fioravanti, padre de la menor.
La víctima sufrió graves lesiones en el rostro a raíz del golpe y tuvo que ser atendida en un centro asistencial, señalaron sus allegados.
La Policía capturó nuevamente a Aponte Fariña y a Marecos Aguilar después de que el sábado último balearan a la estudiante Ruth Camila Cabriza Osorio (22), durante un asalto callejero registrado en el barrio Las Palmeras de la ciudad de Luque.
El golpe quedó grabado por un circuito cerrado de TV, lo cual facilitó la labor de los agentes.
Los dos “motochorros” confesaron la autoría del atraco en la sede del Ministerio Público y también entregaron el arma que usaron, un revólver calibre 22, con siete cartuchos sin percutir y una vainilla servida. Luego los investigadores confiscaron la motocicleta de color negro usada para asestar una seguidilla de golpes en pleno centro de la ciudad de Luque.