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Según los datos recogidos en tribunales, la Corte no previó aún la forma de entregar información pública a los particulares, debido a que las causas no están individualizadas por persona, solo por los tipos de juicios.
El proyecto prevé cómo se van a proporcionar los datos a empresas dedicadas a la recolección de información. Sin embargo, los costos serían un tema que analizarían estas empresas, sobre todo porque encarecerían los llamados “gastos administrativos”, especialmente, para la concesión de préstamos.
A modo de ejemplo, se tiene que solamente en Asunción se promovieron el año pasado 8.000 juicios ejecutivos. Por cada información, la Corte tiene previsto cobrar G. 25.511. De este modo, el paquete de datos costará G. 204.088.000, para un solo tipo de juicio y únicamente para el caso de Asunción.
Este será un problema que la Corte debe analizar.
Para el caso de los particulares, aún no se tiene programada la forma de otorgar los informes sobre juicios. Los datos que tiene almacenado el Poder Judicial no están individualizados.
Las personas que pretendan un informe de juicio no podrán obtenerlo, porque como ya se explicó, la Corte solo entrega paquetes de datos sobre los juicios, que sí estarán discriminados en ejecutivos, convocatoria de acreedores y de quiebras.
Los antecedentes
La Corte había reglamentado a través de una acordada la forma de entregar información judicial que tiene en sus bancos de datos.
Según esta reglamentación, a partir de mañana debía entrar en vigencia el otorgamiento de estos datos a los particulares y empresas dedicadas al almacenamiento de información, referentes a juicios ejecutivos, convocatoria de acreedores y quiebras.
Sin embargo, la entrada en vigencia fue pospuesta hasta una nueva fecha que aún no fue proporcionada, ya que este martes el Consejo de Superintendencia pondrá a conocimiento del plenario el proyecto para su implementación.
Responsabilidad personal
Desde la Corte se había aclarado que la máxima instancia judicial identificará a la persona (física o jurídica) que solicita las informaciones, porque esta será responsable del modo de su utilización.
Si una persona se siente agraviada por la difusión errónea o inexacta de la información que proporcionó el Poder Judicial, puede solicitar informes a esta institución para conocer a quién se le proveyó los datos, para que tome las acciones judiciales que corresponda, en su caso.