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La Corte Suprema de Justicia presentó la demanda ante el Tribunal de Cuentas y atacó las resoluciones mediante las cuales se declaró y posteriormente se ratificó que el proceso de adjudicación fue groseramente irregular.
Según la Dirección de Contrataciones Públicas el Comité de Evaluación cambió la reglas de evaluación para favorecer a la firma Ingenieros Consultores Industriales (representada por Gianmarco Felippo Ivanauskas, en el llamado para el “Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema electromecánico, eléctrico, sistema de agua potable y desagüe del Palacio de Justicia Asunción”.
La adjudicación fue realizada por el criticado Consejo de Administración del Poder Judicial, el 21 de diciembre del año pasado.
Dicho Consejo está integrado por Roberto Torres, Luz Antúnez, Alberto Martínez Franco y Edward Vittone.
De acuerdo a contrataciones, el pliego de bases y condiciones requería la presentación de un ingeniero electromecánico o electricista con categoría “A” certificado por la Ande y que preste servicios en la empresa por lo menos 30 días antes de la apertura de ofertas demostrable con su inscripción en IPS.
Sin embargo, en su oferta la empresa adjudicada presentó un ingeniero industrial. Es decir que presentó un ingeniero de una rama diferente al exigido en el pliego.
El incumplimiento fue observado por el Comité de Evaluación, que solicitó aclaraciones y ante esta situación, la firma adjudicada ofreció un ingeniero que tampoco cumplía con las especificaciones, ya que no se no se encontraba en IPS como manifestó, dice DNCP.
Pese a las irregularidades ratificadas por contrataciones la Corte adjudicó e incluso ya firmó contra con la empresa beneficiada.
Ahora para ejecutar el contrato, la Corte recurrió al Tribunal de Cuentas, sobre cuyos miembros estaría ejerciendo una fuerte presión para que otorgue la medida de urgencia solicitada.
El Tribunal está integrado por Rodrigo Escobar, Martín Ávalos y María Celeste Jara. Se apartaron Arsenio Coronel y Rolando Ojeda.
El monto en juego es de G. 1.500 millones hasta G. 3.000 millones, según el contrato ya firmado.