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Ibáñez presentó el 15 de febrero pasado una casación contra la resolución del Tribunal de Apelación, que confirmó al juez Tadeo Fernández para realizar la audiencia preliminar, en la que se tiene que resolver si el legislador afrontará o no juicio oral.
El recurso es evidentemente dilatorio, atendiendo que la ley es categórica al señalar que la casación solo se puede presentar contra resoluciones que ponen fin a un pleito. En consecuencia, estamos ante una chicana que debe ser sancionada por los ministros de la Corte, en cumplimiento de la acordada que ellos mismos dictaron, aunque casi nunca la ponen en práctica, razón por la cual continúa el ejercicio abusivo del derecho por parte de abogados e imputados.
La Sala Penal que tiene a su cargo el caso la integran los ministros Benítez Riera (presidente de la Sala) y Blanco, además del camarista penal Ocampos. Ellos son los responsables de sancionar la chicana o hacer la “vista gorda” como ocurre siempre.
La acordada también refiere que los magistrados que no la aplican pueden ser sancionados, ya que se trata de una falta grave. ¿Alguien sancionará a los ministros cuando ellos mismos la incumplen?
El caso de Ibáñez es apenas un ejemplo de los numerosos proceso a políticos o peces gordos trabados en la Corte, cuyos miembros exigen celeridad a jueces y camaristas, mientras ellos son los más morosos.
La audiencia preliminar a Ibáñez ya se suspendió en reiteradas ocasiones, debido a los recursos dilatorios promovidos por el legislador colorado u otros acusados.
Estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicio de contenido falso y cobro indebido de honorarios son los cargos presentados por el Ministerio Público.
La acusación refiere que Ibáñez pidió la contratación de Favio Ernán Gómez Chamorro, Viviana Patricia Falcón Valenzuela y Éver Isaac Falcón Valenzuela, para prestar servicios en la Cámara de Diputados.
Fue así que los tres fueron contratados en agosto de 2013 para prestar servicios, en carácter de auxiliar administrativo. Los servicios no se prestaron y el perjuicio al Estado es de G. 30 millones.
“Ibáñez ha certificado documentos a través de los cuales se confirman asistencias de las personas nombradas más arriba, quienes supuestamente estaban a su cargo, pero, según la información obtenida durante la investigación, a través de varias diligencias, se ha corroborado que estas personas trabajaban como caseros en su casa quinta ubicada en Itauguá” (siempre se publicó que fue en Areguá)”, enfatiza la acusación del Ministerio Público.