Corte admite estudiar sentencias atacadas de arbitrarias e injustas

La Sala Penal de la Corte admitió la casación que presentó Ladislaa Medina contra los fallos de primera y segunda instancias, atacados por arbitrarios e injustos. La mujer fue condenada a la elevada pena de 14 años de penitenciaría por tentativa de tráfico de 900 gramos de cocaína.

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Los ministros de la Sala Penal, presidida por la ministra Alicia Pucheta de Correa e integrada por Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera, aceptan estudiar los fallos de un tribunal de sentencia y una cámara de apelaciones que condenaron a una mujer a la injusta pena de 14 años de prisión.

Ni en los casos de grandes cargamentos de droga los involucrados fueron sentenciados a tan elevado castigo. Es por eso que la defensa de Medina recurrió a la máxima instancia judicial y solicitó justicia a los ministros.

Entre otras cosas, el abogado Carlos Torres solicitó la extinción del caso. Explicó en su escrito que la causa se inició el 20 de julio de 2009, con el allanamiento y detención de su defendida. “En la misma fecha el entonces fiscal Francisco de Vargas dictó la Resolución la Nº 37 por la cual ordenó la detención de Ladislaa y en la misma fecha presentó acta de imputación y solicitó que se notifique la imputación”.

“Por lo tanto, desde el 20 de julio de 2009 hasta la fecha, 30 de agosto de 2014, han pasado más de cinco (5) años, (1) mes y (10) días en prisión, por lo que a la fecha, de conformidad a lo que establece el artículo 136 de la Ley 1286/98, modificada por el artículo 1 de la Ley Nº 2341/03, la causa se encuentra extinguida, más aún por imperio de lo que dispone el Pacto de San José de Costa Rica, que establece el plazo de 3 años, y teniendo en cuenta que los tratados internacionales ratificados por el país están por encima del Código. Tenemos que se ha cumplido el plazo para la extinción, por lo que mi defendida debería estar libre”, aseguró el letrado.

Según la acusación del fiscal Marcelo Pecci, la sustancia detectada en el aeropuerto Silvio Pettirossi el 17 de julio de 2009 fue enviada de Bolivia por la empresa de Transporte Río Paraguay a nombre de Rubén Martínez, acusado.

Posteriormente, fue depositada para su envío a Bélgica, y fue consignada como remitente Ladislaa Medina. Esta, sin embargo, niega y dijo que prestó su cédula a su vecina Blanca Martínez, cuyo hermano Rubén Martínez también fue condenado a 14 años de cárcel en el mismo juicio que Ladislaa.

Por otro lado, la Corte rechazó un hábeas corpus que presentó la condenada. Dijo que no es la vía.

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