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En la resolución número 730, del viernes pasado, el contralor alega el artículo 283 de la Constitución Nacional que establece los deberes y atribuciones de la Contraloría, entre los que se menciona el control, la vigilancia y la fiscalización de los bienes públicos y patrimonio del Estado, los de las entidades regionales o departamentales, los de las municipalidades, entre otras.
De la mencionada disposición, ya fueron notificadas las autoridades de la SEN, que tienen que poner a disposición de los auditores todos los documentos que respaldan el uso del dinero público durante el 2009. El 19 de julio de 2012, a título personal, y bajo patrocinio del abogado Álvaro Arias, el exministro de la SEN planteó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 2248/03, que quitaba competencia a la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas en lo que respecta a rendición de los gastos públicos.
El 13 de febrero pasado, a través del AI Nº 76, la Sala Constitucional integrada por los ministros Víctor Núñez, Óscar Bajac y Alicia Pucheta otorgaron la medida cautelar. El caso fue manejado con sumo hermetismo en la máxima instancia, a tal punto de que la resolución referida ni siquiera se agregó a la carpeta de resoluciones de la secretaría correspondiente, de libre acceso al público. El 8 de agosto pasado, a través del Auto Interlocutorio Nº 743, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, integrado por Arsenio Coronel, Amado Verón y Rolando Ojeda, resolvió atender el juzgamiento de rendición de cuentas de la Secretaría de Emergencia Nacional, correspondiente al ejercicio 2009.
De esta manera, Soares pretendió esquivar el control de la Contraloría, a sabiendas de que el Tribunal de Cuentas carece de la infraestructura suficiente para examinar exhaustivamente dicha documentación. La citada repartición judicial cuenta con 10 contadores y 10 auxiliares, para la revisión de la rendición de cuentas presentadas por autoridades de más de 60 instituciones públicas.
Soares había sido imputado en abril de 2010 por la fiscalía por el hecho punible de lesión de confianza, a causa de un presunto perjuicio al patrimonio del Estado por más de G. 1.224 millones, mediante la compra sobrefacturada de alimentos. Hasta ahora, ni siquiera se pudo realizar la audiencia preliminar debido a las sucesivas chicanas presentadas.
Camilo Soares también afrontó otros procesos judiciales, lo cual también se le cuestiona en su carácter de líder político. Fue así que logró zafar una de las acusaciones que pesan en su contra por el uso de documentos no auténticos, al admitir que hizo rendición falsa de viático cuando era ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional.
Se vio obligado a devolver el monto que había llevado para un viaje a España (900 euros). En el 2005 también reconoció que falsificó la firma de un supuesto afiliado a Patria Libre.