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El 27 de noviembre de 2015, las agentes plantearon el pedido de prórroga extraordinaria, que significaría 6 meses más del plazo que venció el 15 de diciembre del año pasado. Desde ese momento ocurre la cadena de inhibiciones en la Cámara de Apelaciones, donde hasta ahora se apartaron todos los integrantes del fuero penal y los últimos en rechazar su integración fueron los de la sexta sala civil y comercial, Marcos Riera Hunter, Olga Talavera y Mirtha Ozuna de Cazal. Solo aceptó la causa el camarista Carmelo Castiglioni, de la quinta sala.
Los camaristas alegan tener causales con la abogada de Carlos Sosa Palmerola, Sara Parquet o “amistad” con el abogado José Ignacio González Macchi, quien aunque no está incluido en el proceso penal era accionista de la financiera.
No solo está pendiente el estudio de la prórroga solicitada por el Ministerio Público, sino también las apelaciones que tienen que ver con el otorgamiento de libertades ambulatorias de otros co-imputados. La situación llega al colmo de que es la Fiscalía la que realiza las notificaciones de momento, teniendo en cuenta que los ujieres del fuero civil cobran por ese trabajo, según trascendió.
Pero las irregularidades en esta causa suceden desde el inicio con las recusaciones de los fiscales José dos Santos, Hernán Galeano y Josefina Aghemo. Los tres fueron confirmados por la Fiscalía General, pero impugnados ante la Sala Penal de la Corte, y sigue sin definición.
A esto se suma la cuestionada forma en que Sosa Palmerola consiguió su libertad mediante una amañada resolución que estuvo firmada por el ministro Sindulfo Blanco y los camaristas Mercedes Buongermini y Neri Villalba.
Los citados integraron la Sala Penal de la Corte y primero se declararon “incompetentes” para liberar al imputado Sosa Palmerola por resolución ficta. Sin embargo, un día después, el 16 de julio del año pasado, ordenaron la libertad del procesado mediante la misma figura que, según dijeron, antes no podían aplicar.
La Fiscalía dice que Sosa Palmerola, hijo de la mayor accionista de la financiera, María Ramona Palmerola, era quien daba las órdenes para los pagos de cheques, vales y otros documentos, mediante los cuales se fue vaciando la financiera Ára. Fue imputado en carácter de “instigador”.
El vaciamiento de 14,3 millones de dólares se hizo mediante operaciones irregulares en sucursales de Ciudad del Este, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero.
Plazo ya sería reducido
La abogada Sara Parquet, defensora de Carlos Sosa Palmerola, objetaría el plazo que eventualmente otorgue la Cámara de Apelaciones a las fiscalas Nadine Portillo y Yolanda Portillo, según fuentes confiables. La defensora del principal procesado Carlos Sosa Palmerola pedirá que el plazo extraordinario, que es de seis meses, corra desde el 15 de diciembre del año pasado y no desde el momento del estudio del planteamiento fiscal.
Esto quiere decir que, independientemente de que la Cámara se integrara en tres o cuatro meses, la Fiscalía solo tendrá tiempo hasta julio de este año para presentar su requerimiento conclusivo y todavía quedan muchas pericias por realizar.