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“De este acto (licitación) no tengo participación, nunca me llamaron para asistir a una mesa negociadora de acto licitatorio, sino que solamente la licenciada y directora de la Unidad Operativa de Contrataciones Andrea Adle me llama por la tarde diciéndome: ‘comisario, hay dictamen que tenés que venir a firmar por orden del ministro Rafael Filizzola’”, declaró Martínez.
“La Ley de Contrataciones Públicas establece que ellos son independientes y como máxima autoridad tienen que estudiar y decidir si la oferta se adecua o no al pedido de bases y condiciones. Él como abogado tiene que conocer que la obediencia debida ya no es una causa de justificación”, dijo el abogado Guillermo Duarte, defensor de Filizzola, tras destacar que Martínez dijo además que no recibió llamada alguna de su cliente ni le consta que Filizzola haya llamado a Adle.
Este proceso tiene relación con la compra de cuatro helicópteros para la Policía Nacional. Los aparatos, de la marca Bell Northwest Rotoracraff, de procedencia norteamericana, fueron adquiridos durante la administración de Rafael Filizzola a un costo de G. 47.890.000.000. La millonaria suma fue abonada en tres pagos, el último de ellos por G. 20.382.567.558, el 12 de octubre de 2011, durante la gestión de Carlos Filizzola.
Posteriormente se dispuso la contratación vía excepción para mantenimiento y reparación de los helicópteros, a un costo de G. 1.780.000.000, pese a que en el contrato se establecían las garantías para este fin.
La adquisición contó con el aval del comité de evaluación del ministerio, según el cual la firma Proibérica cumplía con los requerimientos de bases y condiciones para la venta de helicópteros usados. Sin embargo, la imputación advierte el incumplimiento de la presentación del certificado expedido por el fabricante de ser representante, importador, distribuidor oficial en Paraguay (de insumos, repuestos y partes).
Además de los Filizzola, Martínez y Adle, están imputados por lesión de confianza el exdirector general de Administración y Finanzas, Aníbal Muñoz; el exdirector jurídico, Ricardo Lugo; el exdirector financiero, Juan Diego Fernández; director de Equipamiento de la Policía Nacional, Víctor Flor, así como Guillermo José Casado y Álvaro Lasso, de Proibérica SA.
Indagatoria pendiente
La fiscalía debe fijar nueva fecha para la declaración indagatoria de Andrea Adle, integrante del Comité de Evaluación de la Licitación. La exdirectora de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio del Interior fue citada por el Ministerio Público para dar su versión sobre el caso el viernes último, pero solicitó prórroga a fin de interiorizarse de la imputación.