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El 15 de diciembre de 2014 a las 11:50 se había presentado la denuncia contra Blanco, ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. La misma fue derivada al fiscal René Fernández, quien hasta ahora no tomó ninguna decisión.
La denuncia contra Blanco recién saltó a la luz pública cuando la fiscalía le abrió una investigación también por prevaricato, por la supuesta distorsión de la ley para liberar al banquero Hugo Sosa Palmerola, imputado por el desvío de US$ 14 millones de financiera Ára.
Peter Kennedy acusa a Blanco de haber prevaricado al admitir una casación que se presentó contra una resolución de la Cámara de Apelaciones que anuló un juicio oral donde fue condenado a seis años de cárcel por apropiación.
La casación fue presentada por el querellante Franklin Kennedy.
Según la denuncia ante el Ministerio Público, Blanco actuó con dolo, porque no analizó los requisitos exigidos por la ley para admitir un recurso de casación.
La norma es clara cuando dice que el recurso solo se puede admitir contra resoluciones judiciales que ponen fin al pleito. En este caso la resolución de la Cámara que fue atacada ante la Corte no puso fin al proceso sino ordenó que se haga un nuevo juicio oral.
La doctora Alicia Pucheta, quien también integró la Sala Penal, votó por el rechazo de la casación que presentó Franklin Kennedy. Sin embargo, Blanco consiguió la adhesión de su entonces colega Víctor Núñez y con dos votos favorables revocaron la resolución de la Cámara de Apelaciones y confirmaron la condena a Peter Kennedy, pero la redujeron de seis a dos años y medio de prisión.
Según los elementos arrimados al fiscal Fernández, en todos los otros casos similares Blanco votó por el rechazo de la casación, incluso después de haber admitido este recurso (por única vez) en el caso que afecta a Peter Kennedy.
La situación se torna grave, atendiendo que desde la semana pasada Peter Kennedy ya guarda reclusión en la cárcel de Emboscada, aunque la ley le garantiza a él o cualquier otra persona (sin analizar su culpabilidad o inocencia) que tenía que ser juzgado en un nuevo juicio oral.
Sin embargo, gracias a una presunta violación de la ley por la propia Corte, Peter Kennedy está privado de su libertad. La orden fue dictada por la jueza de Ejecución Yolanda Morel atendiendo el fallo de la Sala Penal cuyos integrantes son denunciados por prevaricato.
Fuera de las atribuciones
“Entre los presupuestos para la admisibilidad del recurso de casación no se encuentra el de recurrir aquellos fallos dictados por el Tribunal de Apelaciones que anulan una sentencia dictada en juicio oral. La jurisprudencia de la Corte ha sido constante y uniforme en ese sentido. Existen numerosos fallos al respecto dictado por los propios denunciados”, dice la denuncia patrocinada por el abogado Víctor Dante Gulino. Agrega que “la Corte tiene atribuciones regladas por la Constitución, el Código de Organización Judicial y el Código Procesal Penal. Una de esas atribuciones es la de entender en los recursos de casación planteados por las partes, pero esta facultad no es amplia sino que se limita...”.