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En sus alegatos, los fiscales Josefina Aghemo y Luis Piñánez solicitaron una condena de 1 año y 5 meses, más la devolución de los G. 156 millones que según la Fiscalía, González percibió como sueldo y bonificación por salud de forma indebida entre los años 2012 y 2014.
“Lo que no pudo desacreditar es que no prestó servicio en la Cámara de Senadores ni en el Ministerio de Agricultura, por eso era una remuneración no debida”, explicó la fiscala Aghemo.
González Ortiz, quien llegó a ser director en el Ministerio de Agricultura en tres administraciones, explicó que fue comisionado en el 2012 al Senado, donde prestó servicios como asesor, pero no tenía obligación de marcar tarjeta, pues esta imposición se puso en vigencia recién en el 2015.
Por su parte, su defensor Derlis Céspedes afirmó que este juicio jamás debió realizarse, pues afirmó, no hay un solo elemento que incrimine a su defendido. En este sentido, presentó dos tomos de dictámenes elaborados por el acusado.
“El cobro indebido se trata de cuando una persona que recibe un salario, honorarios, no da a cambio algo, en este caso hubo una contraprestación que es el trabajo de este señor. Cuestionan que no marcó tarjeta, pero este es un asunto administrativo. La acusación habla de G. 150 millones por el tiempo que dejó de trabajar y no es así, ahí están los dictámenes elaborados por él, que prueban fehacientemente que hacía su trabajo”, afirmó.