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El caso es objeto de estudio por los ministros Antonio Fretes, Miryam Peña y Gladys Bareiro, miembros de la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial.
La acción, presentada por el abogado Emigdio Loreiro, está dirigida contra el Decreto N° 7409, del 4 de julio de 2017, “por el cual se transfieren, en forma gratuita, los inmuebles expropiados de conformidad con el Decreto N° 20.65 del 19 de enero de 1962, “por el cual se expropian los inmuebles en que haya enclavado el cerro Ñemby”, a favor de la Municipalidad de Ñemby.
En el escrito, la firma se presenta como propietaria de los siguientes inmuebles: Fincas N° 2.666, 2.881, 13.183,1.149 (padrón 4.723 y 3.096), 1.806, 4.723 y 3.584, con relación a los cuales la Municipalidad de Ñemby solicitó prohibición de innovar e inscripción de litis.
La acción relata que la medida referida le ocasionó perjuicios, motivo por el cual promovió un juicio de interdicto de retener posesión ante el juzgado en lo civil y comercial de Lambaré, el cual ha otorgado la posesión a la firma.
Concret Mix refiere que hace casi cuatro décadas que vienen arrendando y explotando la cantera del cerro Ñemby en forma ininterrrumpida, mediante contratos firmados con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El accionante resalta la adenda firmada el 2 de julio del 2013, mediante la cual se amplió el plazo de duración del contrato hasta el 28 de mayo de 2023.
Por esta razón, el accionante califica el Decreto N° 7409 como “aberración jurídica”. Aduce que viola las normativas constitucionales, además de constituir una intromisión en las funciones del Poder Judicial, pues al momento de su firma se encontraban vigentes medidas cautelares.
SIN LICENCIA AMBIENTAL
El 28 de mayo del 2016 feneció el contrato de explotación de la cantera, y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ya no renovó el documento, y también la Secretaría del Ambiente (Seam) canceló la licencia ambiental. La firma sigue operando en una propiedad contigua al cerro, usurpando el acceso principal a la cantera. La comuna ya no cobra la patente comercial para la explotación.