El jefe comunal recusó por segunda ocasión a la fiscala de la causa, María José Pérez, con quien supuestamente intentó una salida alternativa de suspensión condicional, sin éxito.
Posteriormente, fue designada la agente Laura Ávalos, también de la Unidad Penal de San Antonio, quien también resultó recusada a días de que venciera el plazo para la presentación del requerimiento.
Finalmente, el intendente logró su objetivo de no ser acusado por lesión de confianza con la reciente intervención del fiscal de Villa Elisa, Miguel Quintana.
El agente solicitó un sobreseimiento provisional porque no le convencieron los elementos recabados hasta el momento, y por ello ordenó más diligencias investigativas, especificó ayer a ABC Color.
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“Hay cinco cheques que según una pericia no tienen documentos respaldatorios, pero eso no quiere decir que se desvió el dinero y además, tres de ellos pertenecen a la administración del intendente interino, no de Mendoza”, explicó el fiscal.
En la imputación, la fiscala María José Pérez advirtió un faltante de G. 1.200 millones de los recursos de la Municipalidad correspondiente al gobierno anterior de Mendoza (2010-2015).
Unos G. 790 millones corresponderían a los fondos Fonacide y G. 410 millones a royalties.
Esta investigación penal fue seguida muy de cerca por la Contraloría Ciudadana de San Antonio, cuyo presidente es Carlos Rodríguez.
El mismo lamentó ahora que el Ministerio Público no tenga un criterio uniforme debido a que manejaban la información de que se iba a acusar. “Se desviaron fondos que debían invertirse en obras en colegios y escuelas, a donde además no llega la merienda escolar, también (desviaron) fondos para obras viales. Es muy lamentable”, dijo.
Ninguna restricción
El intendente liberal de San Antonio, Raúl Isaac Mendoza, fue imputado en octubre del año pasado por un supuesto faltante de G. 1.200 millones durante su anterior administración (2010-2015).
Pese a que la fiscala María José Pérez pidió restricciones como la prohibición de ingreso a la sede comunal, la jueza penal de garantías de Lambaré, Ana Esquivel, nunca le impuso la medida, y el imputado siguió manejando los documentos que podrían complicarlo. Además, el jefe comunal sigue utilizando los millonarios recursos y según fuentes, intentó una salida procesal en este caso con la “devolución” de lo defraudado, lo que significa asumir la culpa por el desvío, pero no encontró eco favorable en fiscalía.