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El funcionario aduanero Elvis Carrera Ríos, imputado por supuesto enriquecimiento ilícito, su esposa Rosa Elvira Romero y su hijo Elvis Carrera Romero (también funcionario), imputados por supuesto lavado de dinero, comenzaron a dilatar el proceso que afrontan.
El abogado Adolfo Marín pidió tiempo para interiorizarse del caso y de esta forma consiguió postergar la audiencia de imposición de medidas, que había sido fijada para el día de ayer.
El juez Julián López les fijó para el próximo 13 de agosto la nueva audiencia.
El abogado Marín también asumió la defensa de Rosa Romero de Carrera, esposa de Elvis, procesada por lavado de dinero. Su causa está en el juzgado de delitos económicos a cargo de Humberto Otazú. Ambos tienen inhibición de vender y gravar bienes.
Marín explicó que la audiencia de imposición de medidas con relación a la también se suspendió, debido a que presentó un recurso de reposición contra la admisión de la imputación de las fiscalas María Estefanía González y Marlene González. El defensor también recurrió la inhibición de vender y gravar bienes que decretó el juez contra la procesada.
Pintos
Carrera y su familia junto al joven aduanero Luis Roberto Pintos Aguilera y esposa Nancy Chamorro, es uno de los primeros imputados del grupo de unos 10 funcionarios investigados por enriquecimiento ilícito.
Cerca de una treintena de vehículos entre tractocamiones, minibús, camionetas y autos, están registrados a nombre de la esposa, quien de tener una mercería se convirtió en próspera empresaria del transporte. La mujer no registra antecedentes laborales pero pasó a tener una flota de grandes camiones valuada en unos US$ 350 mil.
El hijo, también funcionario de Aduanas con sueldo de G. 5.600.000, igualmente compra tractocamiones.
Protegidos en Aduanas
Si bien Luis Roberto Pintos y Elvis Carrera Ríos fueron apartados de sus respectivos cargos, la resolución firmada por el director Luis Morales no menciona el motivo por el cual los funcionarios fueron puestos a disposición de Recursos Humanos. De esta forma la máxima autoridad protege el historial de los dos funcionarios y la imputación por supuesto enriquecimiento ilícito no figura en sus legajos y pueden volver más adelante a sus cargos.