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De Vargas recusó estratégicamente al fiscal de Delitos Económicos Martín Cabrera a menos de un mes de que venza el plazo para la presentación del requerimiento conclusivo. La excusa es que los dos están pugnando por la terna de fiscal general del Estado.
Esta maniobra significó que el fiscal adjunto Federico Espinoza nombre como investigador interino a José dos Santos.
Este agente, al tener el plazo para acusar hasta el 21 de mayo y no haber llevado la investigación desde un comienzo, solicitó la prórroga extraordinaria de seis meses, que finalmente fue otorgada por la Cámara de Apelaciones, que dejó establecida como nueva fecha el 21 de noviembre de este año.
De igual manera surgen cuestionamientos para quienes aseguran que la postura del Ministerio Público debe ser uniforme y era casi un hecho que Cabrera iba a acusar.
Tras la concesión de esa prórroga, el adjunto Espinoza rechazó la recusación contra Martín Cabrera.
Los abogados defensores del exministro del Interior, Osvaldo Granada y Rodrigo González Planás, impugnaron esta semana la confirmación ante la Sala Penal de la Corte, lo que significa que Dos Santos continúa en la causa. Si esa impugnación no se daba, el fiscal Cabrera podía pedir abreviación de plazo para presentar su acusación penal.
De esta forma, De Vargas y el coacusado Luis Rojas, exministro de la Senad, lograron truncar la acusación por lesión de confianza, según fuentes confiables.
Francisco De Vargas, en la audiencia pública para fiscal general del Estado, aludió a un tipo de “persecución”. Dijo que Martín Cabrera también quiere el cargo, cuando le fue consultado sobre su proceso penal.
Además, contestó que había un pedido de sobreseimiento por parte de la fiscalía, siendo que el fiscal interino José dos Santos lo que hizo fue pedir una prórroga para seguir investigando los hechos. Según la Fiscalía, los US$ 2.500.000 de perjuicio se dieron con dos compras. La primera se materializó en el 2012, cuando De Vargas, entonces titular de la Senad, desembolsó G. 9.406 millones por el denominado “sistema de rastreo sensitivo móvil”. La segunda en el 2015, cuando Rojas pagó G. 1.250 millones por “equipo táctico de comunicación”.