Con los pedidos de sobreseimiento, la fiscalía está blanqueando caso Maxton

Los pedidos de sobreseimiento de los imputados Silvio Velázquez Espínola y Dionisio Enciso fortalecen la sospecha de que la Fiscalía está “cocinando” el caso del robo a la caja de seguridad de Maxton. Las víctimas esperan que el fiscal general, Javier Díaz Verón, tome medidas.

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La desvinculación provisional del proceso de Velázquez Espínola fue solicitada por la fiscala Rocío Cantero Vera, y la de Enciso la pidió su colega Silvana Otazú, quien intervino tras la recusación de Cantero Vera.

Ambas alegaron que no tienen elementos suficientes que les convenzan de que los imputados hayan participado en robo a la caja de seguridad de la firma Maxton. Además, alegaron que existen varias diligencias pendientes.

Sin embargo, los pedidos de sobreseimiento serían una maniobra para blanquear el sonado caso, en donde desde un principio se habló de la existencia de intereses económicos, que motivaron la inacción de la fiscalía. Es por eso que Díaz Verón había quitado de la causa a la primera fiscala en intervenir, Marlene González, y reasignó el caso a Stella Cano, quien impulso diligencias e incluso ordenó detenciones hasta de los dueños de la empresa. Este hecho motivó su recusación en diciembre pasado, la que hasta hoy no resuelve la Corte.

La semana pasada, uno de los querellantes recusó a Cantero Vera, por las fuertes sospechas de que esta se habría prestado a las maniobras de las defensas al pedir el sobreseimiento del imputado Velázquez. La reemplazó su colega Silvana Inés Otazú de Alarcón, quien asumió la misma postura respecto al procesado Enciso.

Llama sumamente la atención la inacción del Ministerio Público, cuyos agentes allanan el camino para el sobreseimiento provisional de los dueños de Maxton, César Menchaca y Rosa Morel Bordón. Ambos fueron imputados y enviados a prisión por la fiscala Cano, quien sospechó que ellos participaron del segundo asalto a la empresa.

Según la imputación, el 13 de abril del año pasado se produjo el asalto a la firma, en el que los propietarios y sus dos hijos fueron reducidos; se identificaron 26 cajas que fueron violentadas.

Añade que dos días después los propietarios declararon que en compañía de un funcionario administrativo detectaron que otras 12 cajas fueron violentadas.

Indicaron que estaban cerradas, pero no llaveadas. “Cabe señalar que las cajas que habrían sido verificadas lo fueron solo por el Sr. Menchaca y la Sra. Morel después del procedimiento fiscal y policial, y que varias de ellas se encuentran al lado de las que sí habrían sido violentadas y constatadas en un principio, conforme al parte policial, por lo que sí existen serios indicios de que ellos habrían sustraído el contenido de las cajas individualizadas después de la intervención fiscal y policial”, refiere la fiscala.

Muchas víctimas manifestaron su impotencia ante la sospechosa inacción del Ministerio Público y aseguraron que promoverán denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento, contra los fiscales que solicitaron el sobreseimiento de los involucrados en el sonado caso, que parece ser va al oparei.

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