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Mientras el Ministerio Público se disponía a iniciar las gestiones para adelantar el juicio por el escandaloso desvío de combustible, la defensa de Alvarenga ya “abrió el paraguas” y con la presentación de una acción de inconstitucionalidad, pretende alejar al exjefe policial de los estrados judiciales.
Específicamente, los abogados Javier Timoteo González y Joel Talavera solicitaron a la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declare la nulidad de la resolución dictada el 12 de agosto del año pasado por el juez Gustavo Amarilla y de la resolución que la ratificó, dictada el 29 de diciembre del 2016 por el Tribunal de Apelación, 1ª sala y su aclaratoria.
Y por supuesto, solicitan la suspensión de los efectos de dichas resoluciones, que son las que posibilitaron la elevación de la causa a juicio oral y público y que, por este motivo, son inapelables.
“Lo que pasó acá es que se imputó por una cosa, se acusó por una cosa y se elevó a juicio por otra cosa. La falta de congruencia es lo que nosotros cuestionamos”, explicó el abogado Talavera.
En ese sentido, en su presentación la defensa del excomandante alega que primeramente la Fiscalía le atribuyó una conducta omisiva, pero luego le endilgó una conducta activa. Asimismo, la defensa se agravia por la decisión del juez Amarilla –ratificada por la Cámara– de calificar la conducta de su defendido dentro de lo previsto en el artículo 192, inciso 1º (lesión de confianza) del Código Penal, en grado de autoría.
“Claramente se ha producido un giro radical entre lo imputado, acusado y lo resuelto en el auto de apertura a juicio oral y público (...)”, sostiene la defensa.
Además de Alvarenga, quien fue separado del cargo de Comandante de la Policía Nacional en el 2015, también fue acusado el suboficial Roberto Osorio, supuesto “cerebro” del desvío de casi G. 1.200 millones.