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El 18 de mayo de 2000 ocurrieron las sesiones de torturas de los comisarios Alfredo Cáceres y Jorge López, acusados de encabezar un presunto golpe de Estado contra el gobierno del entonces presidente Luis González Macchi.
Están sindicados por el Ministerio Público como autores de los apremios físicos el entonces ministro del Interior Walter Bower, y los policías Basilio Pavón (quien falleció durante el largo proceso), Merardo Palacios y Osvaldo Vera.
Pese al escándalo y la repercusión mediática, el gobierno de González Macchi intentó minimizar el hecho y recién un año después se inició el proceso penal contra Bower.
Para ese entonces, el político se desempeñaba como ministro de Obras Públicas y al perder el alto cargo por disposición de Luis A. González Macchi, retornó a su bancada colorada en la Cámara de Diputados.
La Cámara Baja aceptó el desafuero para que el proceso contra Bower tome el curso normal. Pero justamente la normalidad nunca fue parte de esta causa.
Las sucesivas dilaciones posibilitaron 18 años de impunidad. El exministro del Interior sigue chicaneando su audiencia preliminar donde se debe definir si afronta o no juicio oral y público, ante la pasividad y complicidad de la justicia.
En el dilatado proceso (ver facsímil de página) intervinieron tres magistrados, Daniel Ferro, Julián López y actualmente Gustavo Amarilla Arnica.
Con excepción de López, quien sancionó con 50 días-multa a Merardo Palacios por chicanero, en primera, segunda y tercera instancias ni se amagó a poner un punto final a las dilaciones, con las sanciones disciplinarias que además de ser pecuniarias, estipulan suspensiones y casaciones de matrículas a abogados litigantes de mala fe.
Inclusive, la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte recomendó las sanciones a los abogados defensores Hugo Ruiz Díaz Ríos, Ariel Ovando, Ricardo Chávez y Álvaro Arias, pero nada aconteció.
El caso fue remitido a la Superintendencia de la Corte, a cargo de Rafael Monzón, que hasta ahora no da una salida a tanta dilación.
CSJ cajoneó 5 años
La falta de sanciones sería porque justamente la Sala Constitucional de la Corte, integrada por Antonio Fretes, Víctor Núñez y José Altamirano (los dos últimos exministros), está en el podio de las dilaciones. El alto tribunal se sentó sobre el expediente por cinco años, para luego declarar que los hechos son imprescriptibles.
Nunca tuvo medidas
El exministro del Interior Walter Bower no cuenta con medidas alternativas a la prisión que puedan garantizar su sujeción al proceso, tal como los demás policías incluidos en el mismo proceso por torturas. Esta inusual situación de privilegio nunca pudo ser reparada por las reiteradas suspensiones de la audiencia preliminar. El abogado Rolando Alum, de la querella adhesiva, responsabilizó a la justicia de la fuga de Bower, que puede salir del país cuando quiera pese a que se expone hasta a 15 años de cárcel.