Comisario, detenido por irregularidades en procedimiento

El fiscal Rogelio Ortúzar dispuso ayer la detención del comisario principal Tomás Cardozo, jefe de la comisaría 21ª metropolitana, por la supuesta comisión de varios hechos punibles en el caso de la aprehensión de un presunto motochorro de 14 años.

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El agente del Ministerio Público indicó que en la sede policial se cometieron varias irregularidades, como la persecución de inocentes, simulación de un hecho punible, denuncia falsa y producción inmediata de documento de contenido falso.

La orden fiscal contra el comisario y otros dos policías más se produjo tras la aprehensión de un adolescente de 14 años que se desplazaba en una motocicleta en Asunción con un arma de fuego en mano y una mochila con objetos supuestamente robados.

Los agentes policiales, a bordo de una patrullera, acudieron a un pedido de auxilio de una mujer de 25 años, quien dijo haber sido asaltada por un motochorro en 24ª Proyectada y Brasil del barrio Tacumbú de Asunción, lo que consta en el acta policial del pasado miércoles.

Según el documento, los uniformados llevaron al menor de edad hasta la comisaría e informaron del caso al Ministerio Público. Desde allí solicitaron su traslado con las evidencias hasta la sede fiscal.

Pero la denunciante, finalmente, se desdijo durante su declaración y aseguró que todo el problema se originó tras una discusión con el menor, que era su pareja. Añadió que incluso tienen un hijo de cuatro meses. Negó categóricamente que haya sido asaltada y no supo explicar de dónde el menor había sacado el arma de fuego.

En tanto, Cardozo fue llevado a la Comandancia de la Policía Nacional para que guarde reclusión.

Hablan de represalia

Fuentes de la Policía indicaron que la orden de detención del comisario principal Tomás Cardozo obedece a una molestia que generó al fiscal Ortúzar la información de que familiares del menor supuestamente tuvieron que pagar G. 6 millones para que el adolescente fuera liberado. La versión indica que esos parientes dijeron a la policía que la mitad de ese dinero fue a parar a la Fiscalía y la otra mitad a un abogado que hizo las gestiones para que el menor fuera puesto en libertad.

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