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Cañete es funcionario de la sección transporte de Copaco y aparece en la lista como el civil que más municiones, importadas a nombre de la Corte por Comtecpar, adquirió.
En conversación con nuestro diario admitió que compró 3.500 municiones y aseguró que “no hay nada irregular en la operación”.
Afirmó que cuenta con todos los documentos que le expidió la empresa por la compra de las balas.
“A mí me ofrecieron y compré, porque es una buena marca. No hay nada fuera de lugar. Me extraña que se arme tanto barullo si las balas 5.56 pueden usar también los civiles”, afirmó.
Al ser consultado si él solicitase a Dimabel la autorización para importar las balas de dicho calibre obtendría el visto bueno, respondió: “Es casi seguro que no, porque te van a decir que es de uso militar. Sin embargo, yo creo que también lo puede usar un civil y eso te puede decir cualquiera que conoce el tema de armas y municiones”, afirmó.
Cañete manifestó que la 5.56 es de venta libre en los Estados Unidos. Empero, dichas balas serían de uso restringido en nuestro país. Es por ello que la Dimabel exige que se tenga un pedido de uno de los órganos del Estado, como la Corte, Ministerios de Defensa, Interior y Justicia y Trabajo, a las cuales precisamente proveyó la empresa Comtecpar.
Cuando fue consultado si las municiones eran para una recomercialización, respondió que son para su uso particular, porque le gusta la cacería desde hace años.
Los antecedentes revelan que la Corte, en el 2010, le adjudicó a Comtecpar la provisión de armas y municiones por más de G. 700 millones.
Específicamente, entre otros materiales, la firma tenía que entregar al alto tribunal 3.000 municiones 5.56 y 15 fusiles de asalto.
Sin embargo, Comtecpar importó a nombre de la máxima instancia 12.500 balas y 20 fusiles de asalto, de los cuales 5 se vendieron a la Senad a través de la casa comercial Yamgo, de Asunción.
A la Corte la empresa le entregó las 3.000 municiones como decía el contrato. De las 9.500 que sobraron, 3.000 vendieron a Yamgo y más de 4.000 (ver infografía) a civiles, entre ellos Cañete.
La comercialización de las municiones importadas a nombre de la Corte fue denunciada ante la máxima instancia judicial el 7 de febrero pasado. El 13 del mismo mes, el entonces presidente del alto tribunal, Víctor Núñez, ya remitió los antecedentes a la Fiscalía General.