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Los antecedentes revelan que el 4 de agosto, Rolón Pose celebró un contrato con Luis Miguel Ibarra Gómez, representante de la empresa LM Consultora, con vigencia de 280 días a partir de la suscripción del documento.
En dicho contrato se estableció el precio de G. 2.653.796.680 en concepto de pago por la construcción de viviendas económicas. Posteriormente, los fiscalizadores de la obra encontraron irregularidades, las cuales obligaron a Rolón Pose a rescindir el contrato con la mencionada firma. Sin embargo, llamativamente el entonces ministro no ejecutó la póliza de seguro, lo que ocasionó un perjuicio de G. 647 millones a la Senavitat.
Luego, la fiscalía presentó acusación y desde agosto de 2015 no se puede hacer la audiencia preliminar, en la que el juez Rubén Riquelme tiene que resolver si envía o no a juicio oral al acusado.
Ante las groseras dilaciones, la Cámara de Apelación concluyó que el procesado no se está sometiendo a la justicia, razón por la cual le recomendó al juez Riquelme a revocar las medidas sustitutivas y enviar a prisión al exministro, para asegura así la preliminar trabada hace dos años y seis meses.
Lastimosamente, el magistrado Riquelme tuvo otro criterio y no revocó las medidas a Rolón Pose, que sigue trabando su audiencia.
Primeros los jueces del Brasil y hace poco los de la Argentina, dieron una importante señal a los ciudadanos de ambos países al procesar y derivar a la cárcel ex altos gobernantes y políticos procesados por millonarios robos al Estado. Ojalá los magistrados paraguayos copien el ejemplo.