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Causó indignación la decisión tomada por la jueza de ejecución Lourdes Scura antes de jubilarse. Resolvió otorgarle el arresto domiciliario a Víctor Bogado Núñez, uno de los condenados a 14 años de pena por el robo a la Cajubi.
Al respecto, el representante de las víctimas, Rafael Fernández, anunció que apelará dicha determinación y pedirá la nulidad a la Cámara de Apelaciones, una vez que sean notificados de la resolución.
También explicó que los socios se reunirán entre el lunes y martes para resolver si denunciarán o no a la jueza ante el Ministerio Público por prevaricato.
Al respecto, el profesional refirió que, “evidentemente, existe un delito de prevaricato”. “Esta jueza, a sabiendas de que no correspondía lo que estaba haciendo, lo hizo; lo firmó y se fue de jubilación. Entonces, la Caja va a analizar si acciona o no, para que una vez por todas esta clase de magistradas no cometan más hechos de esta naturaleza, porque es muy grave. Lo que hizo fue una ofensa a la magistratura y al pueblo. Con ese criterio resulta que todos lo que tengan dinero, especialmente los que han robado a las arcas del Estado, saldrán todos, y los que quedarán en la cárcel son los pobres. Entonces, la igualdad judicial no se cumple esto”, señaló.
También denunció que ni la Fiscalía estaba al tanto del incidente que planteó la defensa. Rafael Fernández siguió cuestionando que Víctor Bogado no podía ser beneficiado absolutamente en nada, porque la ley lo dice, debido a que tiene otro proceso abierto, y él tiene otra causa denominado First Canadian, que desde el 2012 la Corte no resolvió un conflicto de competencia pese a que “se urgió más de 413 veces y hasta el momento no hay respuesta y eso que uno de los jueces ya desistió, el otro renunció y ningún ministro ha integrado la Sala Penal”, refirió el abogado.
La otra causa en la que se encuentra acusado Víctor Bogado Núñez y otros directivos es por un desvío de unos US$ 7 millones a la firma canadiense First Canadian Internacional.
Según refiere la investigación, posteriormente se comprobó que se trataba de una empresa inexistente, pero solo se recuperó US$ 1.300.000.
En dicho caso está pendiente la realización de la audiencia preliminar.