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Los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Carlos Ortiz Barrios ratificaron la resolución dictada por el juez penal de garantías Gustavo Amarilla.
La defensa del exdirigente deportivo había solicitado la libertad de Mereles, con el argumento de que tenía una enfermedad terminal.
Específicamente hicieron alusión de una enfermedad cardíaca (cardiopatía hipertensiva con hipertensión crónica) y en base a este supuesto diagnóstico, invocaron la aplicación del artículo 238 del Código Procesal Penal, que prohíbe la prisión de mayores de 70 años, embarazadas en los últimos meses de gestación, en etapa de lactancia y de personas afectadas por una enfermedad grave y terminal debidamente comprobada.
Sin embargo, dicha petición fue rechazada luego de que una junta médica dijo que tenía taquicardia y otras cosas que no comprueban la versión de la defensa.
Acusación
La fiscal antidrogas Lorena Ledesma acusó en diciembre pasado a los contadores Mauro Arnaldo Mereles Martínez y Diósmedes Aguilera y Juana Estela Cardozo de Aguilera por lavado de dinero y asociación criminal en el marco de la ley 1.340/88 (ley de drogas).
Según la acusación, Mereles era contador activo en la organización criminal del narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, mientras que Aguilera y Cardozo de Aguilera creaban empresas para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
La investigación reveló que Cabeza Branca, también imputado al igual que sus dos hijos, poseen 23 estancias en nuestro país, numerosos vehículos y ganado.
Captura histórica
Luis Carlos da Rocha cayó preso el 1 de julio del 2017 en la ciudad brasileña de Londrina, estado de Paraná, tras permanecer 30 años prófugo de la justicia.
Auditoría tras beneficio irregular
Mereles fue detenido el 6 de diciembre del 2017, en un allanamiento a su estudio denominado “AF Contable”, de Pedro Juan Caballero.
El juez Paublino Escobar decretó su prisión al día siguiente, pero diez días después el juez Julián López dispuso su arresto domiciliario. Esta medida fue apelada por la fiscala Lorena Ledesma, quien alegó errónea aplicación de la legislación.
En enero del 2018, el Tribunal de Apelación dispuso el regreso de Mereles a la cárcel, medida dilatada por la defensa con chicanas.
Ante el beneficio irregular, la Corte Suprema de Justicia dispuso la realización de una auditoría a la causa, cuyo resultado se desconoce hasta la fecha.