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Los camaristas Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Anselmo Aveiro sostienen que el eventual juicio oral se encuentra distante y el transcurso del tiempo atenta contra la utilidad o vida útil que puedan tener los equipos informáticos, bajo la modalidad de anticipo jurisdiccional de prueba, como argumentaron las fiscalas Lorena Ledesma y Teresa Sosa.
La Cámara también ordena devolver el expediente al juzgado de origen para que se fije la fecha y hora de la realización del a diligencia.
El abogado Rodrigo Galeano Delgadillo, defensor del imputado por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, Carlos Leite Jara, se había opuesto a la realización de la diligencia. Argumentó que dicha pericia se podría realizar en cualquier momento, sin peligro de perderse dichas pruebas.
En esta causa también están imputados la ujier notificadora Elisa Monserrat Cibils Barrios y los oficiales de justicia Ana González Ledesma y Leite Jara, que trabajan en el juzgado de La Encarnación.
Cibils Barrios estuvo rebelde por varias semanas hasta que se le impuso prisión preventiva. Recientemente recuperó su libertad.
La Corte Suprema ordenó la intervención de los juzgados de Paz de La Encarnación y de Mariano Roque Alonso, a cargo de los magistrados Felipe Acosta y Carlos Bogado Cuéllar, respectivamente, por aprobar millonarios embargos a los docentes a favor de casas comerciales fantasmas.