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El Poder Judicial sigue favoreciendo a los imputados por lavado de dinero. Ahora, los camaristas Melgarejo, Alfonso y Cocco, ordenaron la reclusión domiciliaria de Romero de Duarte. Esta es la esposa de Felipe Ramón Duarte, sindicado como creador de empresas ficticias de Ciudad del Este, que en el 2011, enviaron 370 millones de dólares al exterior, a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental.
De acuerdo a fuentes, hubo una llamativa celeridad, ya que la cámara estuvo integrada por dos miembros del fuero civil, que son Alfonso y Cocco.
Una vez conformado el Tribunal, los miembros rápidamente revocaron la resolución del juez Marino Méndez, quien había rechazado la libertad de Nilsa.
Sady Caríssimo
Los camaristas Isidro González, Miryam Meza y Miguel López Cabral ya habían favorecido a la imputada Sady Caríssimo, también al revocar una decisión de primera instancia.
Caríssimo, si bien es de escasos recursos económicos, figuraba como presidenta de la firma Strong, que es la que más dólares envió al exterior.
Es muy sugestiva la benevolencia del Poder Judicial con los imputados por lavado de dinero.
Las resoluciones favorables a Sady y Nilsa generan sospechas sobre la actuación de los camaristas. Sin embargo, la Corte Suprema no adoptó ninguna medida al respecto.
El Ministerio Público ya imputó a 22 personas, incluidas las mencionadas.
Los antecedentes revelan que la investigación se inició a raíz de la denuncia que presentó una mujer, en diciembre de 2011, lo que motivó un allanamiento del local de la casa de cambios Forex, sucursal de Ciudad del Este, explotado por el chino, Tai Wu Tung, también prófugo de la justicia.
En la parte administrativa, el Banco Central, sancionó al Sudameris, BBVA, Regional y Continental por incumplir normas antilavado.
En otra resolución canceló la autorización a Forex Paraguay e inhabilitó por cinco años a sus directores, por violar la ley orgánica del BCP y otras disposiciones legales.
Según fuentes, hay otras diligencias solicitadas por la Fiscalía que no son resueltas por la Cámara de Apelaciones, lo cual traba las averiguaciones del caso.
Los empleados de los bancos y los terceros que usaron a las empresas de portafolio para enviar la plata, también figuran en la mira del Ministerio Público y ahora se aguarda la imputación.