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Los ministros Gladys Bareiro, Antonio Fretes y José Raúl Torres Kirmser sostienen que las citadas leyes son violatorias del precepto constitucional de igualdad, porque restringen el derecho a percibir remuneraciones de entre tres y cuatro salarios mínimos bancarios del presidente y de los miembros del Consejo, así como del personal de la Caja, vulnerando con ello la igualdad de trato entre quienes se encuentran en la misma situación de hecho.
Los ministros agregan que las leyes atacadas de inconstitucionales transgreden los derechos adquiridos.
La acción de inconstitucionalidad solo beneficiará a los cuarenta accionantes que recurrieron ante la Corte Suprema.