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Delgado decidió inhibirse del proceso de cohecho pasivo que afronta Martínez porque ya tuvo participación de la investigación como testigo.
De esta manera, el expediente debe volver al juzgado de Rubén Ayala Brun para que la actuaria Lina Casco realice un nuevo sorteo. El nuevo juez de garantías decidirá si acepta el caso, o bien, si resuelve impugnar el apartamiento de su colega Delgado.
Si ocurre este último, la Cámara de Apelaciones debe decidir qué juez será el competente para atender la causa.
Nueva preliminar
Recientemente, la Sala Penal de la Corte, integrada con el ministro Luis María Benítez Riera y el camarista Arnulfo Arias, declaró admisible el recurso extraordinario de casación que había promovido la Fiscalía y, en consecuencia, anuló dos resoluciones y ordenó que un nuevo juez realice la audiencia preliminar para el juez penal de garantías Martínez Cañete, procesado por cohecho pasivo (coima).
Por su parte, la tercera integrante de la Sala Penal, la camarista Mirtha González de Caballero, votó en disidencia, por el rechazo de la admisión de la casación.
Riera y Arias coincidieron en que el juez penal de garantías Ayala Brun, en la preliminar realizada el 27 de agosto de 2007, se extralimitó en sus funciones y se arrogó atribuciones de un tribunal de sentencia al valorar las pruebas ofrecidas en dicha audiencia por el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio.
Ayala Brun, por Auto Interlocutorio N° 1169, del 30 de agosto de 2007, sobreseyó definitivamente a Martínez Cañete.
Argumentó que la Fiscalía no poseía elementos de convicción necesarios, relevantes y ecuánimes, y rechazó la acusación fiscal.
Posteriormente, la Cámara de Apelaciones, Segunda Sala, integrada con los camaristas José Agustín Fernández, Delio Vera Navarro y Natividad Meza (ya destituida), ratificó la resolución del juez Ayala Brun, por Auto Interlocutorio N° 344, del 29 de diciembre de 2010.
Cobra salario
El juez Martínez Cañete, por disposición de la Corte, percibe mensualmente el salario básico de G. 7.503.750, sin realizar ningún trabajo. En abril de 2008, la Corte ordenó el pago retroactivo al juez, por unos 18 meses, casi G. 100 millones. Desde el 3 de octubre de 2006, el juez está suspendido en sus funciones.
Antecedentes del proceso
- Según la acusación del Ministerio Público, solicitó US$ 3.000 a un abogado defensor para beneficiar a su cliente imputado por homicidio culposo. El 16 de marzo de 2006 se pagaron US$ 1.500 y esta suma fue recibida por Osvaldo Britos, un practicante del juzgado de Martínez, quien ya fue desvinculado de la causa al aceptar los hechos y ser beneficiado con una salida alternativa.
- Inició el proceso el exfiscal Arnaldo Giuzzio, pero la causa la tiene actualmente el fiscal Luis Piñánez. El juez penal de garantías Roberto Martínez Cañete es ahijado de bautismo del ministro de la Corte Suprema Víctor Núñez, y a pocos meses de asumir como magistrado, ya fue procesado por coima.