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Ni bien nació, la niña tuvo que recibir una transfusión de sangre debido a una enfermedad que le transmitió su madre. A los 6 meses la criatura ya era vista a diario con su madre en España y General Santos, motivo por el cual educadores del programa Abrazo de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) se acercaron a ofrecerle dejar a la niña en la guardería del Centro de Protección mientras trabaja, propuesta rechazada por la joven, según acta del 3 de julio del 2014.
La situación fue informada a la Defensoría de la Niñez el 11 del mismo mes, tras lo cual la defensora Marina Soerensen solicitaba un estudio socioambiental del hogar de la adolescente, el cual fue elaborado en setiembre del mismo año por la trabajadora social Natalia Medina, quien reporta internación de la nena por vómitos y diarrea.
A fines de setiembre de 2014, la defensora denuncia la situación de la criatura y solicita a la jueza comisionar al programa Abrazo para la obtención de un lugar de abrigo para la niña y a la Dirección de Protección Especial (Diproe) para efectuar las diligencias necesarias para llevar adelante el tratamiento integral del caso, con miras a una posible inserción de la infante en familia ampliada.
Con el AI N° 432 del 3 de octubre del 2014, la jueza Graciela Rolón inicia la acción y dispone la remisión de oficios al programa Abrazo y a la Diproe en el sentido solicitado por la defensora de la Niñez. Hasta ahí, todo bien. Lo que pasó a partir de esta fecha es algo difícil de entender.
Si nos ceñimos estrictamente a las constancias del expediente, es decir, las hojas numeradas, podemos ver que tras la resolución del 3 de octubre del 2014 hasta el 8 de febrero pasado, nada pasó.
La hoja siguiente a la citada resolución de la jueza es del 26 de mayo del 2015 y se trata de una nota en que la defensora reitera su petición. El 3 de junio del 2015, la jueza vuelve a ordenar la remisión de los oficios e incluso firma el que está dirigido a la Diproe. Por razones desconocidas, este documento fue recibido en la SNNA el 8 de febrero del 2016, a las 13:00. ¡¡¡1 año y 4 meses después!!! de la resolución N° 432.
Desconocemos cuántos funcionarios tiene el juzgado, ni a cuál de ellos le correspondería realizar la notificación. Probablemente tengan recargo de trabajo y otros miles de expedientes sobre niños en situaciones parecidas e incluso más urgentes que la de esta bebé.
Llevar un oficio de Sajonia hasta la avenida Mariscal López y Acá Carayá es una diligencia que como máximo puede tardar 30 minutos en ómnibus, 50 quizás en días de tránsito lento por manifestaciones como por ahora, pero 1 año y 4 meses es demasiado, incluso si se dispusieran a hacerlo de rodillas.
La otra situación posible se plantea con la presentación de un informe del Centro de Adopciones de la SNNA, el 25 de febrero pasado.
Los antecedentes citan que el 16 de octubre del 2014 se recibió en mesa de entrada de la Diproe el oficio N° 616 del 3 de octubre del 2014 –que no consta en el expediente– por el cual el juzgado le da intervención para realizar las diligencias necesarias para una posible reinserción de la niña.
Ahora bien, para cumplir con su cometido, el Centro de Adopciones informa que realizó dos entrevistas a la familia, en noviembre y en diciembre del 2015, más de 1 año después. En cualquiera de los casos, 1 año es mucho tiempo.
Esta nota también hace referencia a un informe sobre trabajo de búsqueda y localización y mantenimiento del vínculo familiar, realizado a pedido del Diproe y “remitido al juzgado a través de la nota Nº 32/15 del 17 de febrero del 2015” –que tampoco consta en el expediente–, en el que según refiere se advierte acerca de las condiciones inadecuadas en que vive la criatura y el descuido de su salud.
El reporte señala además que la niña tenía pelo corto porque según la madre, “se llenó de piojos y se estaba descomponiendo su cabeza”, aunque precisa que el problema está solucionado. Se consigna que la niña subió de peso pero aún sufre consecuencias de la deshidratación y anemia que padecía, y que estuvo internada varias semanas debido a problemas respiratorios.
Lo que puede rescatar como positivo es que la niña está en tratamiento, tiene sus vacunas al día y su madre la deja en la guardería de Abrazo mientras trabaja. El informe recomienda una asistencia integral del Estado para que esta familia pueda salir adelante.
Ojalá no se tarde tanto para que esto sea posible.
DATOS QUE PREOCUPAN
Informe del 11/07/2014: Los educadores reportaron que a la beba se la vio en un carrito “en el cual había restos de leche en sachet y otros alimentos perecederos y cosas sucias que atraían las moscas hasta el carrito, las que se posaban sobre el rostro del bebé”, mientras que la madre adolescente saldría a limpiar los vidrios de los autos.
Informe del 25/2/2016: “Se observó que las casas de ambas (madre y abuela de la niña) estaban en condiciones deplorables casi inhumanas por la humedad, el olor fuerte debido a que se colocaron cerca del asfalto que de hecho aumenta notablemente el calor y hace que sea insoportable y riesgoso para la niña por la movilización constante de autos. Para realizar sus necesidad básicas utilizan un baño comunitario Disal sin prever la higiene y los riesgos de contraer alguna enfermedad por las bacterias causadas por la suciedad del lugar”.
Familia de once, en casa con dos piezas
Un dato que ilustra la difícil situación en que se encuentra la madre adolescente que motivó la apertura de la causa “G.A.T. sobre medida judicial” es el informe elaborado por la trabajadora social Natalia Medina en setiembre del 2014. La profesional refiere que la adolescente vivía con su madre, la pareja de esta y siete hermanos que entonces tenían 3 meses, 2, 3, 9, 12, 14 y 19 años, en una improvisada vivienda de dos piezas, con paredes de madera terciada, techo de chapas y hule y piso de tierra. En algún momento vivió ahí también su pareja, pero actualmente están separados.
Medina consigna que la beba tenía vacunas al día, pero los problemas de salud estaban presentes y en agosto del 2014 estuvo internada en el Hospital Juan Max Boettner, por vómitos y diarrea.
A su vez, el informe psicológico elaborado por la Lic. Norma Cortaza el mismo mes precisa que la adolescente estudió hasta el 5º grado, y si bien presentaba interés por cuidar a su hija, tenía ciertas alteraciones emocionales asociadas al consumo de algún estupefaciente que podrían interferir en el debido cuidado. La adolescente reveló que el padre de la niña es un joven de 20 años, adicto a las drogas, en aquel entonces preso en Emboscada, que no colaboraba en la manutención de la beba, a la que ni siquiera reconoció.
Un reporte posterior señala que la familia se mudó por la inundación a un refugio, donde ocupaba dos precarias casas de madera con techo de zinc, que la abuela dice haber hecho con sus recursos.
rferre@abc.com.py Fotos: Claudio Ocampo