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A la niña M. se le diagnosticó cataratas y el 15 de marzo pasado, el oftalmólogo Miguel Scalamogna recomendó la realización de una cirugía para el implante de una lente que le permitiría recuperar el 80% de la visión, de manera urgente.
En atención a que la pequeña carece de la asistencia de sus padres, la fundación Visión ofreció cubrir los costos de la operación.
Sin embargo, el mayor problema de M. no es la falta de recursos. Es la burocracia. Pese al carácter urgente de la operación y la cobertura total de los gastos ofrecida, hoy, a cuatro meses de la recomendación, la niña no ha sido operada aún.
“Ellos alegaban que estaban esperando autorización judicial. Sin embargo, en el expediente no consta que haya realizado ninguna gestión por parte de la Municipalidad, ni pedido formal al juzgado”, explicó Diana Vargas, comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP).
Indocumentados
Indicó que otra excusa fue la que la niña no tenía cédula. Destacó que M. lleva más de un año en el hogar, tiempo más que suficiente para que se gestione su cedulación. Esta es precisamente otra de las irregularidades detectadas, pues de los 8 niños albergados, solo dos tenían cédula, lo cual implica una vulneración del derecho a la identidad.
Salud, en primer lugar
No obstante la situación referida, Vargas sostuvo que ni la falta de autorización judicial o de los padres, ni la falta de documentos pueden ser obstáculos para operar a la niña, máxime si se considera que existe peligro de pérdida de la visión.
“Hay que precisar que la postura nuestra es que el derecho a la salud, a la integridad, tiene prioridad y por lo tanto no se requiere de autorización judicial para que un niño o niña sea sometido por razones médicas”, indicó.
Alejados de la escuela
El Hogar El Abrigo, ubicado en Ocampo Lanzoni entre Lillo y Sucre, depende de la Municipalidad de Asunción y funciona bajo la coordinación de Natividad Rojas. En ocasión de la constitución realizada el 11 de junio pasado, la Comisión del MNP constató que los ocho niños albergados, cuyas edades oscilan entre 4 y 8 años, no están escolarizados.
“De acuerdo con la fundamentación de la responsable, esto es así porque no cuentan con la documentación (certificado de nacimiento y cédula de identidad) de los mismos. Los niños y niñas tampoco reciben ningún tipo de apoyo pedagógico ni tienen oportunidad de desarrollar aptitudes en otras áreas” señala el informe de la Comisión.
Mañana: Denuncia por omisión de auxilio