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Un miembro del Tribunal de Apelación gana un poco más de G. 20 millones mensuales entre sueldo, gastos de representación y bonificación por responsabilidad; un juez de primera instancia más de G. 17 millones y un juez de paz, desde el segundo semestre del año pasará a percibir más de 13 millones de guaraníes. (Ver infografía).
La bonificación que perciben los camaristas ahora es G. 1.000.000 y los jueces G. 800.000. Los primeros exigen a partir de febrero G. 1.550.000 más y los segundos G. 1.150.000 más. El aumento es entre el 155 y 144 por ciento, de acuerdo a los datos que obtuvimos en el Poder Judicial.
Por su lado, los jueces de paz en este primer semestre cobrarán un sueldo de G. 10.241.016; que a partir de julio subirá a G. 13.637.900.
Diferencia
Para que se pueda aumentar la bonificación de los magistrados a partir de este febrero, la Corte requiere de más de G. 11.000 millones. Sin embargo, el presupuesto aprobado para este rubro es de G. 3.710 millones, lo que significa una diferencia negativa de más de casi G. 8.000 millones.
Los magistrados conformaron una coordinadora para exigir a los ministros de la Corte el aumento de la bonificación por responsabilidad. Esta situación obligó a los miembros de la máxima instancia a reunirse con los jueces y con los directores administrativos para analizar de dónde se van a sacar los casi G. 8.000 millones que faltan par el incremento.
Algunos jueces cuestionaron a la Corte algunos gastos superfluos que la misma realiza en contrataciones de amigos o recomendados de políticos a quienes se les pagan altos honorarios; además del pago de más de G. 3 millones a cada ministro por el uso del teléfono celular y otros privilegios.
La amenaza de los magistrados de revisar el uso del presupuesto apuró a los ministros a buscar una solución para pacificar los ánimos. Hay una promesa desde que este mes se aumentará la bonificación.
A favor y en contra
El incremento de la bonificación de G. 1.550.000 para los camaristas y G. 1.150.000 para los jueces de primera instancia generó la reacción de los usuarios de justicia. Algunos se mostraron a favor de la propuesta de la coordinadora de magistrados y otros expresaron su total rechazo.
Los que están de acuerdo con el aumento dijeron que hay muchos magistrados honestos y eficientes en el Poder Judicial, que no pueden llevar una vida digna con un sueldo de menos de G. 20 millones.
Los que cuestionan sin embargo afirman que no se puede premiar a los jueces que forman parte de un Poder Judicial corrupto e ineficiente, en donde la mora es más del 50 por ciento. Este es un grave problema que hace años arrastra la administración de justicia y que hasta ahora no se pudo combatir por la falta de un control más estricto a la gestión de los magistrados de todo el país y de los distintos fueros.
Es menester auditar permanentemente el trabajo de los juzgados y tribunales de apelación de la República, para conocer si los magistrados cumplen o no con sus funciones. Esto es obligación de la Corte, pero la misma hace la vista gorda.
Los administradores de justicia que hacen bien su trabajo tienen que ser premiados y los que no, deben ser sumariados y sus antecedentes remitidos al Jurado de Enjuiciamiento para su posterior remisión.
Hace años se viene prometiendo a la ciudadanía que se va a reducir la mora judicial. Sin embargo, se la sigue engañando ya que las auditorías realizadas a los juzgados nunca tuvieron los efectos deseados, porque los jueces ineficientes después son “salvados” por la propia Corte gracias a los padrinos políticos o por los propios ministros que les deben favores.
Al final, la ciudadanía tiene que cargar con los beneficios recibidos por un Poder Judicial ineficiente, que nunca pudo reducir el grave problema de la mora, ni tampoco prestar un servicio eficiente a los usuarios.
Así como los magistrados exigen un aumento de las bonificaciones, la gente tiene derecho a exigirles que dicten resolución en plazo.
Son contados los jueces que están al día en su despacho y son aquellos que se quedan a trabajar a la tarde. De lo contrario es casi imposible que puedan dictar las resoluciones a tiempo.
Durante la presidencia de la exministra Alicia Pucheta, se realizaron auditorías en forma permanente. Los funcionarios de la Dirección de Auditoría se constituían en los despachos de los jueces de garantías y en otros tribunales de sentencia. Era para saber si los juzgadores llegaban a las 7 de la mañana como dispone la Corte.
Este control había motivado una reunión de las jueces con la doctora Pucheta. En aquella ocasión la ministra no aceptó ninguna excusa y les manifestó a los magistrados que tienen que saber que están prestando un servicio y que el que no quiera hacer su trabajo “tiene las puertas abiertas”.
Con el resultado de la auditoría en mano, ni un solo juez pudo refutar a Pucheta.
Lo que ocurre también es que la mayoría de los ministros tampoco dictan resoluciones en plazo y en consecuencia no tienen autoridad para exigir a los jueces, quienes les sacan en cara esta situación, que incluso es causal de juicio político.
Actualmente, hay muchos urgimientos en la Sala Civil, en donde se incorporó un nuevo miembro, el doctor Eugenio Jiménez, quien había prometido celeridad. Se espera que cumpla, ya que según fuentes, su falta de experiencia como magistrado hace que se acumulen los expedientes en su despacho.
La justicia en cifras
En 2018, la Corte Suprema tenía G. 123.276.376.009 y para este año G. 126.986.978.828. Hay un incremento de G. 3.710.602.729, que representa 3%.
El presupuesto del Poder Judicial para el 2019 es de G. 1.345.779.600.354. De este total G. 968.246.640.708 corresponden a recursos del tesoro y G. 377.532.959.646 a recursos propios.
Hay alrededor de 12.000 funcionarios permanentes y 2.000 contratados.
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