BNF “remató” 23 hectáreas sin conocimiento del dueño

Una familia muy modesta del barrio Diocesano de Guayaybí fue desalojada de su finca y casa por orden del juez de Primera Instancia de Santaní Lilio Bobadilla, por una demanda presentada por una inmobiliaria. Los lotes de donde fue expulsada esa gente habían sido hipotecados a favor del BNF por G. 18 millones y solo quedaba un saldo de G. 5,7 millones que está pagando, dicen.

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GUAYAYBÍ, Dpto. de San Pedro (Sergio Escobar Rober, corresponsal). Según denuncia la familia desahuciada, el procedimiento se desarrolló el pasado fin de semana en presencia del oficial de justicia Luis Alberto Simón Flecha, con el acompañamiento de efectivos de la Policía de la zona.

Los intervinientes, luego de hacer conocer la resolución judicial, solicitaron a los ocupantes que salgan del lugar y retiraron las pertenencias de los dueños a la calle, indicaron.

Los afectados son Julio Céspedes Castillo y su esposa Dora Acosta Fernández, quienes manifestaron su indignación por lo ocurrido y anunciaron que recurrirán a las instancias superiores de la justicia para tratar de rever la medida ordenada por el juez Bobadilla.

Hipoteca

Julio Céspedes expresó que en el año 1996 había hipotecado por 18.000.000 de guaraníes a favor del Banco Nacional de Fomento (BNF) de la regional de San Estanislao, tres fincas juntas, una de 9 hectáreas en la “Calle Diez Mil Chachi” y dos lotes ubicados en Guayaybí y de donde fueron desalojados. En total, los dos terrenos tienen 23 hectáreas de tierras tituladas, mencionó el ciudadano.

Expresó que llegó a pagar unos G. 12.301.000 por la deuda y que estaba abonando poco a poco a la institución.

Sin embargo, aparentemente la entidad bancaria llevó a remate los tres inmuebles y le adjudicó a un funcionario de la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Deag-MAG) de nombre Eulalio Díaz Garcete, quien después los vendió a la empresa inmobiliaria Urbana SA, que sería de algunos españoles, de acuerdo a los datos que manejan.

El cuestionamiento que hace la familia desalojada es que nunca le notificaron –ni el banco estatal BNF ni el juez Bobadilla– que estaba en proceso un pedido de desalojo, por lo que nunca se imaginaron que iban a ser echados a la calle.

El dueño de los lotes, Julio Céspedes, refirió que a causa de dicha acción judicial quedaron casi sin nada debido a que ya no pueden ingresar a sus terrenos ni siquiera para cosechar mandioca.

Tratamos de dialogar con el juez de la causa, pero su teléfono estaba apagado, también intentamos conversar con algún representante de la inmobiliaria, lo que tampoco pudo ser posible debido a que la oficina se encontraba cerrada.

Lo mismo ocurrió con la agencia regional del BNF de Santaní, que ya fue cerrada por la Semana Santa.

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