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El BCP sancionó solo con una amonestación pública a los bancos Sudameris, Regional y BBVA y con un apercibimiento al Continental. A través de dichas entidades, las firmas de portafolio remesaron al exterior más de US$ 370 millones, solo en el 2011.
Por otro lado, el Banco Central llamativamente excluyó del sumario a empleados de las entidades, entre los cuales figuran oficiales de cumplimiento, gerentes, auditores y directores.
La resolución de la leve sanción fue firmada por el titular del BCP, Jorge Corvalán, y los directores, Santiago Peña, Roland Holst, Rafael Lara y Rolando Arréllaga, luego de comprobar en sumario, que los cuatro bancos incumplieron la Ley 1015, que previene y reprime lavado de dinero.
Las autoridades del Banco Central determinaron que se trató de una falta leve, pese a que la propia ley refiere que el incumplimiento de la norma antilavado es falta grave.
Esta maniobra permitió que solo se aplique la amonestación y el apercibimiento y no la multa o la clausura temporal de los bancos como dice la norma legal.
La resolución, por otro lado, tampoco habría sido notificada a la Seprelad, para que dicha secretaría pueda fortalecer los mecanismos que puedan evitar que el sistema financiero sea utilizado para blanquear dinero sucio, así como lo recomienda el GAFI.
Intentamos conversar con el ministro de la Seprelad, Óscar Boidanich, pero no fue posible. Su secretario indicó que le informaría al jefe y que luego nos devolvería la llamada, la cual hasta ahora seguimos aguardando.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, recomienda que los países aseguren que exista una gama de sanciones eficaces y disuasivas, sean penales, civiles o administrativas. Enfatiza además que “las sanciones deben ser aplicables no solo a las instituciones financieras, sino también a sus directores y la alta gerencia”. Esta recomendación fue totalmente ignorada por el BCP, que excluyó a las personas físicas y solo sancionó a las personas jurídicas o sea a los bancos.
El Poder Judicial
El Tribunal de Apelación de Ciudad del Este, integrado por Isidro González, Miryam Meza y Miguel López Cabral, ordenó el arresto domiciliario de Sady Caríssimo, quien desde enero pasado se encuentra privada de su libertad.
Caríssimo es la presidenta de la firma ficticia Strong, que más dinero lavó, según la imputación de la Fiscalía.
Para hacer efectiva la resolución de la cámara, el juez Nelio Prieto estableció una fianza personal de solo G. 100 millones a cada uno de los dos abogados de la imputada. La exigua caución no se compadece con el presunto lavado de más de 370 millones de dólares.
El Ministerio Público hasta ahora solo imputó a diez personas, todas ellas vinculadas a las empresas ficticias de Ciudad del Este, que remesaron los dólares a través de los bancos.
El 27 de diciembre de 2012 fueron imputado Felipe Ramón Duarte (creador de las empresas ficticias), su esposa Nilsa Romero y su hermana Zulma Romero. Además, Tai Wu Tung (gerente de la sucursal de Forex de Ciudad del Este); Sady Caríssimo, Alcides Ramón González, Liz Barboza, Víctor Lara Barboza, Blásida Álvarez Gallardo y Óscar Céspedes Fernández. La imputación fue firmada por los fiscales Juliana Giménez, Fátima Burró, Nilda Cáceres y Zunilda Martínez.
RESOLUCIÓN NO SE DA
- El Banco Central del Paraguay no provee la resolución por la cual aplicó la leve sanción al Sudameris, Regional, BBVA y Continental.
- La información se maneja con mucho hermetismo en la principal entidad bancaria. Pese a que el documento es público, el BCP no provee.
- Por otro lado, la Corte y el Jurado de Enjuiciamiento solicitaron el expediente judicial en donde tres camaristas y un juez ordenaron el arresto domiciliario de la imputada Sady Caríssimo.
- Los ministros del alto tribunal y el organismo juzgador de magistrados analizarán si las decisiones de los magistrados se ajustaron a derecho, en una megacausa, en donde hay ofrecimiento de dinero incluso a los periodistas.
cbenitez@abc.com.py