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El informe remitido por la comisaría 7ª del distrito de Katueté a la dirección de la Cuarta Zona Policial, responsable de los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa, se refiere a la incautación de la avioneta Cessna 210 blanca con franjas azules y matrícula brasileña PR-ATL.
La nave quedó retenida desde el domingo a las 15:30, después de que de la guardia de la administración de la estancia Ibel reportara el aterrizaje sin autorización en su pista de aviación.
Inicialmente, en el lugar fue localizado solamente el piloto, el brasileño Murillo Ribeiro de Souza Costa, de 30 años, pero los testigos aseguraron que vieron huir a otros dos hombres que cargaban unas bolsas.
Con este elemento, los agentes intervinientes interrogaron al piloto, quien supuestamente confesó que fue contratado por una tal “Queli” para trasladar desde Pedro Juan Caballero a dos hombres con cargas que presumiblemente serían armas, de acuerdo al parte policial.
Pero como el piloto brasileño tenía todos sus documentos en regla y la avioneta también es legal, el fiscal de Salto del Guairá, Lorenzo Lezcano, tuvo que ordenar su libertad debido además a que nunca fueron localizados los dos hombres que supuestamente huyeron.
De todos modos, policías de Canindeyú y de Amambay ya se pusieron en contacto para rastrear a la tal “Queli”, quien sería la administradora de un hangar privado que funciona en el aeropuerto de Pedro Juan Caballero.
Otro elemento llamativo que rodea al caso es que el propio administrador de la citada terminal aérea, Jorge Romero, aseguró el lunes último que Murillo Ribeiro de Souza Costa despegó solo desde Pedro Juan Caballero el domingo a las 10:34, con un plan de vuelo que contemplaba un viaje de una hora hasta Katueté. Sin embargo, el piloto aterrizó recién cuatro horas después y con dos pasajeros no declarados, lo que implica que habría bajado en algún punto para recoger a ambos fugitivos y el cargamento de armas supuestamente declarado.
¿Complicidad?
Ayer, al ser de nuevo consultado sobre la mujer, que sería Queli Peralta, Jorge Romero dijo que esta no es su funcionaria, pero justo cuando se disponía supuestamente a detallar qué funciones cumple en el aeropuerto, la comunicación se cortó y la línea baja de la institución quedó aparentemente descolgada.
En caso de comprobarse el tráfico de armas desde el mismo aeropuerto de Pedro Juan Caballero, también quedaría plenamente confirmada que la red supuestamente desbaratada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con la requisa de una veintena de avionetas, en realidad nunca dejó de operar y que siempre contó con complicidad de los funcionarios responsables.
La terminal aérea había sido intervenida el 7 de julio del año pasado, en el marco de uno de los operativos simultáneos, que incluyeron hasta allanamientos en las oficinas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), y que dieron pie al descubrimiento de una sólida estructura de funcionarios que daban cobertura y blanqueaban a redes criminales internacionales que mueven armas, drogas y contrabando desde la frontera.