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A la auditoría del Poder Ejecutivo se suma la Contraloría, que también ratificó que la compra de los helicópteros se habría tratado de un feroz negociado. Esto fortalece la imputación de los fiscales Victoria Acuña y Martín Cabrera.
Nuestro diario tuvo acceso a la auditoría que ordenó el Poder Ejecutivo y que no se dio a conocer, ni se remitió a la Fiscalía para que se indague a los presuntos responsables del perjuicio patrimonial al Estado.
“Durante nuestro trabajo hemos obtenido documentaciones referentes a la adquisición de 4 helicópteros tácticos HU-1H usados y fabricados en los años 1966 y 1967, por los cuales se pagaron 47.800.000.000. Fue adjudicado a Proibérica en la modalidad de subasta electrónica, con la finalidad de ser utilizadas en el transporte de tropas policiales”, señalaron los auditores.
Agregaron que en el legajo de antecedentes de licitaciones observaron lo siguiente: No se visualizan los precios referenciales realizado por el Ministerio; b) el legajo de antecedentes sujeto a análisis, contiene documentos que no se encuentran foliados, como ser la última hoja de prestación de contrato de prestación de servicios y la adenda de fecha 10 de setiembre de 2011; c) hemos visualizado una adenda firma en fecha 1 de setiembre de 2011 del contrato N° 67 de fecha 30 de noviembre de 2010, donde se modifica el plazo de entrega de helicópteros de 25 de agosto de 2011.
Los auditores hicieron referencia a un informe de la Fuerza Aérea que señala que el sistema de combustible de los helicópteros “estaba contaminado por lo que se infiere que los tanques requieren mantenimiento”; “no poseen ruedas de remolque, lo que imposibilitará el traslado al hangar”.
Los auditores enfatizaron que observaron solicitudes de denuncias en la Agrupación Aerofluvial-Policía Nacional. Según memorándum del 29 de abril de 2011 “los manuales del helicóptero, tanto e vuelo como de mantenimiento no aportó la empresa encargada (Proibérica) y solamente tiene un resumen de lo que hicieron al motor y estructura en el país de origen”.
Por informe número 13/11 del 5 de setiembre de 2011, dirigido a la Dirección de Apoyo Táctico, se comunicó que el helicóptero UH-1H A11 tuvo un problema de generador principal y a consecuencia del desperfecto se tuvo que verificar la causa del problema y se encontró que los carbones del generador estaban gastados casi en su totalidad...”.
En cuanto al mantenimiento de las aeronaves, refiere la auditoría, que la empresa Proibérica presentó una planilla en donde describe la garantía del buen funcionamiento de las aeronaves por 24 meses o 600 horas de vuelo. “Sin embargo, entre las documentaciones observamos notas de la Agrupación Aéreo Fluvial en la que reclama el mantenimiento a la empresa adjudicada”, agregaron los auditores que resaltaron otras graves anomalías.
LOS IMPUTADOS EN LA CAUSA
Además de Rafael y Carlos Filizzola están imputados Andrea Able, exdirectora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Aníbal Muñoz, exdirector de administración y finanzas; abogado Ricardo Lugo, exdirector jurídico; Juan Diego Fernández, exdirector financiero; Víctor Flor, de la Policía Nacional; Tiburcio Martínez; director administrativo; Guillermo José Casado de Amezua y Álvaro Lasso y Génova, representantes de la empresa Proibérica. Debido a chicanas, no se puede hacer audiencia de medidas.