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Si bien los jueces no hicieron lugar a pedido de devolución de los dueños de las avionetas, para el fiscal antidrogas Marcelo Pecci se despenalizó la causa debido a que remitieron los aparatos decomisados a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, y dejaron a expensas del sumario administrativo la entrega de los bimotores.
En un preinforme de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, a cargo de Mario Elizeche, los jueces quedaron en evidencia por no cumplir con el plazo de apelación fiscal.
En el caso de Gricelda Caballero, se consigna que ordenó la remisión de cinco avionetas a la Dinac el 27 de abril de este año y ese mismo día remitió un oficio a esa Dirección y dio un plazo de 72 horas para el traslado de las máquinas.
“Notamos que la ejecución del Acto Interlocutorio N° 288 del 27 de abril del 2016, fue realizada el mismo día en que fue dictado, siendo que el artículo 454 del Código Procesal Penal reza cuanto sigue: ‘La resolución no será ejecutada durante el plazo para recurrir y mientras se tramita el recurso, salvo disposición legal en contrario’”, dice el preinforme de Auditoría.
Esta misma conclusión hubo con relación al accionar de Miguel Tadeo Fernández, quien ordenó el envío de dos avionetas a la Dinac.
El magistrado emitió su fallo el 27 de junio de 2016 y notificó al Ministerio Público recién el 11 de julio. El 13 de julio ejecutó las resoluciones y los oficios fueron dirigidos a la Dinac al día siguiente, el 14 de julio, cuando la Fiscalía estaba en plazo aún para apelar.
La Dirección de Auditoría remitió a los dos jueces el preinforme para que estos eleven una respuesta.
Este caso tuvo su origen en un operativo efectuado por la Senad el 15 de noviembre del 2014 en la zona conocida como Karapã’i, jurisdicción de Pedro Juan Caballero, donde se incautó media tonelada de cocaína que estaba a bordo de una avioneta y fueron capturados cuatro presuntos narcos, entre los que se encontraba el expolicía Sixto González Godoy.
Ocho meses después, el 6 de julio de 2015, fueron allanados hangares del aeropuerto de Pedro Juan Caballero donde se incautaron 22 avionetas que supuestamente eran utilizadas por la misma estructura criminal para transportar drogas. La Fiscalía pidió el comiso y tras la “liberación” de siete aeronaves “movió” la causa y sacó imputaciones, una contra el importador Ulises Cardozo. Todas las máquinas presentan problemas de documentación y matrícula, y pese a ello estaban habilitadas por la Dinac.