El juez penal de garantías Paublino Escobar ordenó la elevación a juicio oral y público para los auditores de la Contraloría General de la República Corvalán Pérez, Espínola de Vaca y Troche Giménez.
Están acusados de frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios, en grado de autores, por intentar “blanquear” la gestión del exministro de Agricultura, el liberal Cardozo.
La acusación de la agente de Delitos Económicos y Anticorrupción Josefina Aghemo refiere que el proceso se inició en el marco de la investigación por la desaparición de más de G. 68.000 millones que debieron ser destinados a miembros de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp).
El Ministerio Público había solicitado un análisis a la Contraloría en el que se indicó: “La Fenaprofhp realizó entregas de bienes, maquinarias y equipos a los comités, sin que en las mismas se pueda identificar convenientemente el valor de los bienes y/o servicios entregados por estos, lo que dificulta sobremanera comprobar si el monto de las transferencias realizadas por el MAG y recibidas por la Fenaprofhp, corresponden efectivamente a lo declarado por ellos”.
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La Contraloría informó: “excepto por las salvedades enumeradas expuestas, los estados financieros referidos presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera del MAG del ejercicio fiscal 2012, de acuerdo con la Ley N° 1535/99 y su decreto reglamentario, la Ley N° 4581/11, y demás normas aplicables”, concluyeron los auditores de campo que visitaron un solo comité de campesinos de 193 existentes, para intentar justificar la gestión de Cardozo.
Sin embargo, la fiscalía corroboró con una constitución de campo que el informe de los auditores era falso y los procesó por los delitos ya mencionados.
Delitos que enfrentarán
- El delito de “frustración de la persecución y ejecución penal” (Art. 292) prevé pena de hasta 3 años o multa. Sin embargo, cuando se trate del delito de “realización del hecho por funcionarios” (Art. 293), la pena anterior puede ser aumentada hasta a 5 años de prisión.
- En esta causa fueron sobreseídos definitivamente los funcionarios de Contraloría Cirilo Durañona Macchi, coordinador director general, y Marta Francisca Vicézar de Samaniego, supervisora y directora de área.