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El abogado Luis Aponte explicó que sus clientes, dueños de unas 26 empresas, adelantaron la formación de la Asociación de Caza, Pesca y Armería con el objetivo de poder defenderse de los allanamientos que se venían ejecutando supuestamente de manera irregular.
Aponte contó que, según sus clientes, las intervenciones ocurrían solamente los viernes, por la tarde, y eran ejecutados por la fiscala Antisecuestro, Zunilda Ocampos, con acompañamiento de policías del mismo rubro, sin la presencia de los expertos de la Dirección de Material Bélico (DIMABEL), responsable de emitir licencias y fiscalizar la venta de armas.
Según la denuncia, durante los allanamientos, a los dueños de las empresas les sacaban sus celulares para que no puedan llamar a un defensor y no se les permitía observar lo que hacían los policías. Posteriormente, supuestamente se les requería un monto de dinero. Extraoficialmente se dijo que se exigían entre 13.000 y 30.000 dólares.