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La imputación presentada en mayo pasado por la fiscala Victoria Acuña tiene relación con la supuesta adjudicación irregular de una empresa privada para la realización de una consultoría –dentro de la elaboración de un modelo de centro penitenciario (cárcel de Emboscada)– que la Cooperación Española elaboró en el 2000.
Posteriormente, Acuña pidió sobreseimiento definitivo de ambos y el archivamiento del caso, tras alegar que los elementos colectados no permiten comprobar la existencia del hecho imputado y que no existe la posibilidad de incorporar evidencias que pudieran revertir dicha situación.
“El juez resolvió el sobreseimiento definitivo porque la propia fiscala concluyó que no existe hecho punible, porque las numerosas pruebas documentales y declaraciones testimoniales y los propios informes del Ministerio de Justicia y Trabajo determinaron que el nuevo proyecto presentado y contratado por la Dra. Lorena Segovia era fundamental y necesario para la construcción de establecimientos penitenciarios modernos. También quedó comprobado que no existió ningún tipo de perjuicio patrimonial”, explicó el abogado José Domingo Almada, quien defiende a Segovia conjuntamente con su colega Carmelo Caballero.
Sobre el punto, la exministra destacó que la contundencia de las pruebas presentadas fueron determinantes para esta decisión.
Blasco fue asistido por el abogado Álvaro Arias.