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Figueredo, presidente de la Fundación Itá Enramada, fue condenado debido a que no contaba con permiso ni estudio de impacto ambiental para almacenar las pilas y otros desechos considerados peligrosos en las inmediaciones del local del predio de la entidad, ubicado en avenida Paseo del Yacht c/ Lapacho Amarillo.
Por unanimidad, el Tribunal de Sentencia presidido por Arnaldo Fleitas e integrado por Elsa García y Víctor Medina concluyó que no había una “justificación legal” para el accionar de Figueredo.
Por esta razón, estableció una condena de 2 años de prisión, pero el ambientalista no irá a la cárcel tal como solicitó el fiscal Jalil Rachid, quien pidió una pena de 3 años y 6 meses para el acusado.
El colegiado dispuso la suspensión de la ejecución de la pena, motivo por el cual Figueredo deberá cumplir con reglas de conducta a ser determinadas el próximo viernes 27, fecha prevista para la lectura del fallo íntegro.
Indignación ciudadana
El fallo causó gran repercusión en las redes sociales, donde la ciudadanía se volcó en masa para expresar su indignación y repudio a la decisión judicial de castigar a una persona cuyo único pecado fue suplir la inacción de las autoridades en materia de protección al medio ambiente.
Llamó la atención el empeño en perseguir penalmente y a exigir cárcel inclusive, para un ciudadano que actuó en pro del bien común en contrapartida con la desidia observada en sancionar a los que hace años contaminan impunemente ríos, arroyos y lagos y ni qué decir de aquellos que roban con total descaro las arcas del Estado, entre los cuales están varias autoridades nacionales.
“Llevamos las pilas a la SEAM/ Fiscalía. Justicia para Rubén Figueredo” es una campaña difundida en la red social Facebook y que propone a la ciudadanía llevar las pilas a las sedes de ambas instituciones, los próximos días 25 y 26 de octubre.
Factura, a las instituciones
“No estoy conforme, esto demuestra que la institucionalidad en este país es lo que está faltando, falta una política ambiental, que las instituciones se encarguen de su rol y que aprendamos a cobrarles las facturas a las instituciones y no al individuo que, a brazo partido, intenta hacer algo”, dijo ayer la abogada defensora Rosa Vacchetta.
“La ley es muy clara respecto a lo que tienen que hacer las empresas que importan esos residuos, tienen que obligarles a esas empresas a retirar (las pilas) nuevamente de nuestro país; sin embargo, no se les obliga ¿y a quién le caen encima? Al individuo que está preocupado, una ONG particular, pero al (sector) público no le pasa facturas, eso es lo grave”, acotó.
Seam: “interés ambiental nacional”
Si bien la condena impuesta ayer al presidente de la fundación Itá Enramada causó estupor mayúsculo en la ciudadanía, probablemente el más sorprendido por la sentencia fue el propio condenado, Rubén Figueredo.
Ello es así porque entre las numerosas documentaciones presentadas ante la Justicia para sostener su defensa, está una resolución de la Secretaría del Ambiente fechada el 14 de mayo de 2010, en la que el ministro Óscar Rivas declaraba su campaña “Con las pilas no se juega” de interés ambiental nacional.
“Acá la Fiscalía reclamó mucho la falta de licencia. Está bien, no teníamos licencia, pero teníamos un acuerdo, un convenio y fue declarado de interés ambiental nacional nuestro trabajo por la Seam y la Municipalidad de Asunción”, expresó Figueredo.
El ambientalista no ocultó su sorpresa por la postura contradictoria asumida por el Ministerio Público, que tras años de apoyo constante al trabajo que realizó a través de la fundación Itá Enramada, cambia de postura y pasa a impulsar un proceso en su contra.
“Nos sorprendió porque consideramos que fue una traición, porque una semana antes nos estaban enviando donaciones para todos los gastos, la propia Fiscalía que llega la otra semana y nos acusa, ni siquiera nos avisó. Para nosotros era suficiente que diga la Fiscalía: “No haga más, o te vamos a imputar”; pero dijeron: “Sí, hacé” y fue una sorpresa, una traición porque estábamos trabajando juntos”, dijo el ahora condenado.