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El argumento infantil que utilizaron los magistrados para sustituir la prisión de varios condenados; además de las graves contradicciones que se evidencian en las resoluciones, son analizados por los ministros de la Sala Penal, Alicia Pucheta, Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera, designados por el pleno de la Corte.
Los autos interlocutorios dictados por los magistrados fortalecen las sospechas de que se estaría ante un supuesto negociado. Ante esta presunción, los ministros habían ordenado una auditoría, que aportó elementos para investigar la conducta de los jueces.
Entre los arrestos más criticados figura el del exjefe policial Hermes García Balmaceda, quien había sido enviado a Tacumbú, luego de recibir una condena de 9 años, por su responsabilidad en la compra sobrefacturada de carne para la Policía.
En este caso, los jueces Blas Ramón Cabriza, Andrés Casati (dejó de ser magistrado) y Blanca Gorostiaga, alegaron los problemas de salud del sentenciado, para ordenar su arresto domiciliario.
Incluso hicieron referencia a un artículo constitucional que garantiza la asistencia pública o privada para “prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofe y de accidentes”.
En la misma causa, los jueces Gloria Hermosa, Sandra Farías y Héctor Capurro dispusieron el arresto domiciliario de Francisco Benítez Figueredo, que había sido condenado a seis años de penitenciaría.
“Estos juzgadores deben tener en cuenta los derechos humanos del condenado, quien, pese a su situación jurídica, no puede ser cercenado en su derecho a la salud y a llevar un tratamiento en condiciones menos gravosas que la prisión preventiva”, dijeron los miembros del Tribunal.
Milciades Dionisio Sanabria Cantero también fue beneficiado con la reclusión en su casa, en el mismo expediente que García Balmaceda. También el Tribunal alegó problemas de salud del condenado, atendiendo el dictamen del médico forense Francisco Molina, quien dijo que Sanabria Cantero tiene “hipertensión arterial crónica severa...”.
“Además, a este colegiado le cupo observar al condenado durante prácticamente 3 meses, en ocasión al desarrollo del juicio oral y público y ahora, a 10 días de que el mismo ingresó al penal de Tacumbú, se lo ve bastante deteriorado en su aspecto físico y de salud”, señalaron los miembros del Tribunal de Sentencia.
Los otros casos analizados por la Sala Penal son: “Aníbal Daniel Riveros Pesoa”, condenado a 5 años de cárcel el 29 de mayo del 2013, pero que luego el 7 de junio del mismo año obtuvo su libertad por disposición del juez Manuel Aguirre, como presidente del Tribunal de Sentencia que tuvo a su cargo el juzgamiento; y “Judith Andraschko y otro sobre lesión de confianza”. En este caso, la exministra de la Secretaría de Acción Social, SAS, fue condenada a 5 años de prisión, y Rodrigo Lezcano a 4 años de pena privativa de libertad por un millonario perjuicio a la institución, mediante la sobrefacturación de inmuebles.
Ambos condenados consiguieron la prisión en sus casas por disposición del Tribunal de Sentencia integrado por Fabián Escobar, Eva María de Witte y Manuel Aguirre.