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Representantes de las distintas instituciones involucradas en la resolución del problema penitenciario tuvieron ayer su primera reunión de trabajo en la Corte Suprema de Justicia, ocasión en que se comprometieron a implementar una serie de acciones para descongestionar las cárceles.
“La defensa pública tiene a su cargo actualmente dentro del sistema más de 5.000 personas privadas de libertad, dentro de las cuales se han establecido procedimientos a ser agilizados a fin de que aquellas personas que puedan obtener su libertad a través de la tramitación rápida y ágil de los procesos puedan hacerlo. Para ello, como primera medida procederemos a plantear el compurgamiento de la pena mínima de personas privadas de libertad”, explicó la defensora general, Lorena Segovia.
Un total de 881 reclusos procesados por delitos podrían ser beneficiados por estas medidas. Para el efecto, se resolvió realizar audiencias también a la tarde.
El ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, destacó que también se acordó estudiar los obstáculos que impiden llevar a la práctica el uso de las pulseras electrónicas.
Por otro lado, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) explicó que esta semana se tratarán modificaciones de los artículos 243 (peligro de fuga), 244 (peligro de obstrucción) y 245 (medidas alternativas y sustitutivas de la prisión) y también el 420 (admisibilidad del procedimiento abreviado) del Código Procesal Penal.