Acusaron por prevaricato al exjuez que intentó beneficiar a Jarvis Pavão

El fiscal anticorrupción Luis Piñánez acusó ayer al exjuez de Santaní Crescencio Ocampos –quien renunció tras este escándalo– por el hecho punible de prevaricato, debido a que otorgó un habeas corpus genérico para intentar frenar la extradición al Brasil del capo narco Jarvis Chimenes Pavão.

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El 22 de diciembre del año pasado el entonces juez civil y comercial de San Estanislao (San Pedro), Crescencio Ocampos intentó frenar la extradición de Pavão, al otorgarle un habeas corpus genérico. La medida se dio a conocer recién el 26 de ese mes, dos días antes de la fecha prevista para la extradición.

Pese a esto, la entrega del narcotraficante a las autoridades brasileñas se realizó el 28 de diciembre. El fallo de Ocampos fue anulado por la Cámara de Apelaciones de San Pedro y cuando la Corte Suprema dispuso la intervención de su juzgado, el magistrado renunció.

El fiscal Piñánez ahora lo acusa por prevaricato porque el habeas corpus genérico buscaba evitar el traslado de que Jarvis al Brasil, tras cumplir una condena de 8 años en Paraguay.

El argumento de los abogados defensores Laura Casuso y Jorge Prieto era que pidieron que cumpla la condena del Brasil, en nuestro país. Para Piñánez, Ocampos “dictó una resolución judicial en grave violación al Derecho Paraguayo y con la finalidad de favorecer a una persona, es este caso al Sr. Jarvis Chimenes Pavão, con la suspensión de su extradición a la República Federativa del Brasil”.

El agente dijo que concedió un hábeas corpus que resuelve la libertad y no la privación de libertad en forma indeterminada. Asimismo, violó la competencia territorial, puesto que, el peligro del acto ilegítimo fue invocado en un territorio extranjero (en las cárceles de Brasil) y no en territorio paraguayo.

Medida no surtió efecto

El 28 de diciembre del año pasado Jarvis Chimenes Pavão fue extraditado al Brasil pese a que intentó continuar preso en nuestro país. Actualmente se encuentra en la penitenciaría federal de máxima seguridad de Mossoró, estado de Río Grande del Norte, a 4.000 kilómetros de Asunción, donde cumple una sentencia de 17 años y 9 meses por narcotráfico en Camboriú. A la vez, cumple otra condena de 10 años, 9 meses y 15 días por el mismo hecho, en Porto Alegre.

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