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La fiscala Yolanda Portillo, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentó ayer acusación y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.
La agente del Ministerio Público solicitó que enfrenten juicio oral por el hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autor por el supuesto desvío de G. 12.000 millones, Camilo Aníbal Recalde Dávalos, quien se desempeñaba en el Servicio de Asistencia Técnica (SAT) de la Senavitat, y era el encargado de gerenciar todo el proyecto.
La fiscala Portillo también acusó por el desvío de fondos por la complicidad de las empresas constructoras CISA, a cargo de Oscar Luciano Barreto, que debía construir casas prefabricadas, y la constructora Área, de Hugo César Acevedo, encargada de las viviendas tradicionales.
También fueron acusados por la complicidad los extitulares de las cooperativas Mi Casita, Carol Patricia Turrini Ayala, y Carlos Antonio Valenzuela, de Ñapu’ã haguã. Estas cooperativas recibieron el aporte de Senavitat, y debían conceder los préstamos a los interesados en las viviendas, previo aporte del 5%. También debían ejecutar las pólizas de cumplimiento, pero no lo hicieron.
El funcionario de la Senavitat Rufino Concepción González Flores fue asimismo acusado por participar, en grado de complicidad, del esquema criminal para autorizar el desvío de fondos de la institución estatal.
Para el Ministerio Público, los seis acusados actuaron con dolo para apropiarse de los fondos públicos. Los funcionarios de Senavitat entregaron los cheques a los particulares y el dinero depositaron en las cooperativas.
Desvinculados de la causa
Por otro lado, la fiscala Portillo solicitó el sobreseimiento definitivo para Hugo José Núñez Alvarenga (ex ministro interino de la Senavitat), y los funcionarios de esta institución Mario Antonio Payret y Rocío Beatriz González. Rodolfo Osmar Lovera fue imputado, pero está con rebeldía. La causa está en el juzgado de Rubén Ayala.