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La causa se inició porque Gómez hizo caso omiso a la solicitud del entonces juez civil y comercial de Lambaré, Isidoro Olazar Pozza, sobre insumos y materiales recibidos para la confección de registros de conducir y habilitación de vehículos, en el marco de una demanda realizada contra la Comuna lambareña, por parte de la firma Titanic Corporation SA (Ticsa), que reclamaba una supuesta deuda de G. 1.600 millones.
La Municipalidad de Lambaré recepcionó el pedido de Olazar el 12 de diciembre de 2016 y el oficio fue firmado por el funcionario Esteban Delgado. Al no obtener respuesta en el plazo establecido de 72 horas, el magistrado nuevamente por oficio de fecha 20 de diciembre del mismo año, emplazó al jefe comunal para que informe en el plazo de 4 días hábiles lo solicitado, bajo apercibimiento a lo dispuesto en el artículo 375 del Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo 1 de la Ley 4711/12 sobre desacato a la orden judicial.
“Realizando un análisis del plazo judicial otorgado por el Juzgado requirente de una información, se encontró que el plazo se ha cumplido el 26 de diciembre de 2016, sin que se haya cumplido la disposición emanada de una autoridad judicial, configurándose así el hecho punible de desacato”, se desprende de la acusación.
Se agrega que la conducta del acusado Armando Gómez es típica (entiéndase por tal, aquella de acción u omisión que se encuentra descrita en la ley), y, por tanto, merecedora de una sanción penal.