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También fueron acusados los funcionarios Aníbal Muñoz Fernández, Juan Fernández Aguirre y Fernando Sakoda Giménez.
“Las construcciones de las celdas fueron incluidas únicamente con base en las recomendaciones realizadas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, quienes recomendaban el mejoramiento de las condiciones materiales de las celdas, en especial en lo que concierne a superficies mínimas por personas detenidas, volumen de aire, alumbrado y ventilación, no así la construcción de las mismas”, dice la fiscalía en la acusación.
Conforme a la fiscalía, la firma Todo Verde Emprendimientos, de Alejandro Apolonio Giménez, fue la adjudicada para ese trabajo por un monto total de G. 1.131.812.500, mediante un contrato firmado el 2 de diciembre de 2010.
Las obras se iniciaron el 25 de enero de 2011, y según el contrato, en un plazo de 60 días debían estar concluidas 23 comisarías. En tanto que 90 días era el tiempo establecido para la comisaría número 19, ubicada en barrio Jara.
Fue así que el 25 de enero empezaron las obras y dos días después se pagó la totalidad del monto establecido en el contrato.
A Filizzola se le cuestiona el llamado a licitación sin que existiera una necesidad ni un pedido de los responsables de las áreas afectadas.
También le acusan por ordenar el pago, teniendo conocimiento de que el plazo para la ejecución de las obras eran de 60 y 90 días y que conforme a la fecha del llamado y el proceso administrativo, las obras no estarían terminadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010. Esto ocasionó un perjuicio de G. 408.112.313, según fiscalía.
También le cuestionan que no ejecutó las pólizas por el incumplimiento de la entrega de las obras en el plazo establecido, lo que ocasionó un perjuicio de G. 565.906.250.
La fiscalía pidió la suspensión condicional del procedimiento para Andrea Adle, exfuncionaria del Ministerio del Interior, y Apolonio Giménez, propietario de Todo Verde.
Es la segunda acusación que presenta la fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción contra Filizzola. La primera fue por la compra de helicópteros para la Policía.
Seis fiscales recusados
El fiscal Luis Piñánez fue el que firmó la acusación presentada ayer a la siesta ante la jueza penal de garantías Lici Teresita Sánchez.
Previamente Rafael Filizzola recusó al fiscal que llevaba la causa, Aldo Cantero.
También hizo lo mismo con los fiscales José Dos Santos, Victoria Acuña, Martín Cabrera, Yolanda Portillo y René Fernández.
A todos estos fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción los denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, motivo por el cual presentó la recusación.