El investigador pidió que el caso sea elevado a juicio oral y público por el hecho punible de producción de documentos no auténticos, debido a que durante la pesquisa constató que las firmas Cayba SA y Comyser SA, propiedad de Cayo Báez y Gladys López, proporcionaban las facturas fraguadas para burlar impuestos y luego solicitar créditos fiscales a la Subsecretaría de Tributación.
Piñánez indicó que fueron convocados los dueños de empresas proveedoras que rechazaron poseer relación comercial con Perfecta Automotores. Además, asistentes fiscales realizaron varias constituciones a las empresas gráficas encargadas de la impresión de las facturas a las diversas empresas, donde los propietarios negaron la autenticidad de las facturas de la concesionaria.