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En su declaración indagatoria ante el Tribunal de Sentencia integrado por Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y Gustavo Santander, la acusada Gloria Giménez de Benítez alegó que comunicó verbalmente el vencimiento de las vacunas a Torres, entonces titular del PAI, sin que el mismo haya tomado medida alguna.
“Para la Fiscalía es muy claro el tema: ella como jefa del Centro Nacional de Vacunas era la que tenía la responsabilidad y, no solo responsabilidad, obligación de proteger ese interés patrimonial del Ministerio de Salud Pública y no dejar que esas vacunas vencieran y lo que en este caso finalmente ocasionó un perjuicio de casi 1.700 millones al Estado”, dijo el fiscal Martín Cabrera.
Explicó que Torres no fue imputado debido a que el mismo presentó en su defensa un memorándum de diciembre del 2011, donde Giménez informa que tiene stock cero. Precisamente debido a este informe, la funcionaria fue acusada por producción inmediata y uso de documento público con contenido falso, además de lesión de confianza.
Asimismo, Cabrera destacó que otro elemento que la acusada tiene en contra es que el sistema informático del Centro Nacional de Vacunas tiene un dispositivo de control que avisa el vencimiento 150 días antes de que éste se produzca.
“Y lo que más cuestionamos es que tiene un sistema informático de control que avisa 150 días antes del vencimiento de las vacunas, ella admitió y de hecho los testigos, funcionarios a cargo de ella, dijeron que le avisaron a la jefa y que ella escuchó y no tomó ninguna determinación hasta que vencieron estas vacunas. Ella como jefa era la que tenía la potestad y la obligación de ver algún sistema, ya sea de canje internacional”, dijo Cabrera, tras resaltar que eran vacunas de un programa regular y por lo tanto, el margen de vencimiento era “cero”.
El juicio prosigue el próximo lunes, con los alegatos finales, tras lo cual el Tribunal dará a conocer la sentencia a Giménez, quien estuvo al frente del Centro entre agosto del 2008 y enero de 2012.
Millonario perjuicio
Las vacunas vencidas fueron adquiridas en el año 2010 para inmunizar a niños de 4 a 6 años contra el sarampión, la papera y la rubéola. En una inspección de rutina realizada en agosto del 2013, la Dirección de Vigilancia Sanitaria halló cajas de vacunas en un depósito que se encontraba al lado de la oficina de la jefatura, donde estaban cubiertas con otras cajas de jeringas. El perjuicio ha sido cuantificado en 1.595.228.172 guaraníes.