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Los citados más arriba, de acuerdo a un dictamen de la Procuraduría, son responsables penal y civilmente de las decisiones que toman, según la Constitución. Los ministros de Hacienda, Manuel Ferreira, y del Interior, Carmelo Caballero, hacen la “vista gorda” a la actuación de sus representantes en Conajzar, lo que hace presumir que también se prestan a la maniobra.